Hoy 
JOTTIN CURY HIJO
Hace algunos días se publicó en este mismo diario que un contingente militar de la ONU será distribuido en las zonas más vulnerables de nuestra frontera con el propósito de frenar el tráfico de armas y drogas. La medida es aceptable, pero no suficiente, toda vez que para contrarrestar estas ilícitas actividades no basta con vigilar las causas que le dan origen, es preciso también castigar a los últimos eslabones de la cadena que se encargan de llevar las macabras mercancías a su destino final.
Cuando leí la información, pensé que ese mismo cuerpo militar ayudaría a controlar el flujo de indocumentados que diariamente atraviesan, sin dificultad, la porosa frontera que nos separa de nuestros vecinos. Sin embargo, no había ninguna referencia a este serio problema que de alguna manera se encuentra vinculado al narcotráfico y al contrabando de armas. Cuando se inauguró el edificio que alberga nuestra Suprema Corte de Justicia, el Presidente Fernández señaló que una de las principales causas que inciden en el aumento progresivo de la violencia se encuentra en el mercado de consumo de estupefacientes que se ha creado en sectores marginales, que al carecer del poder adquisitivo para proporcionarse tales sustancias, se ven compelidos a recurrir al crimen para sufragar sus vicios.
Se trata de un problema complejo en razón de que una inmensa mayoría de la población que vive en la marginalidad social, concibe estas ilícitas actividades como la única oportunidad para alcanzar el bienestar al que aspiran. Y como generalmente no tienen gran cosa que perder, asumen el riesgo con la esperanza de no ser alcanzados por la mano férrea de las autoridades norteamericanas.
Por tanto, es evidente que existe una estrecha relación entre la falta de oportunidades y los negocios ilegales que la ONU pretende fiscalizar en la frontera dominico-haitiana. Y ante una realidad tan evidente como esta, se supone que estos soldados no solamente deben limitarse a supervisar el tráfico de armas y sustancias controladas, sino también a colaborar con nuestras autoridades para frenar a los inmigrantes ilegales.
Uno de los defectos del sistema económico bajo el cual vivimos, consiste en su escasa objetividad para encarar las causas que generan sus grandes males. Si se desea disminuir el tráfico de armas y drogas, es preciso elaborar planes concretos para erradicar la falta de salud, educación y la extrema pobreza que prevalece en ambos lados de la isla. No basta con el despliegue de uniformados a lo largo y ancho de la frontera, se requieren otras medidas para que el esfuerzo proyectado pueda arrojar los resultados deseados.
No puede hablarse de seguridad en zonas donde campea la miseria. Los que se involucran en actividades delictivas entre nosotros se hallan impulsados por los mismos motivos que animan a nuestros vecinos. Nos incumbe la obligación de mitigar la pobreza, no con dádivas ni discursos, sino con cambios sociales profundos y la implantación de una moral pública e individual despojada de egoísmo.
Urge llegar a la raíz de los problemas si deseamos enfrentarlos con efectividad. Ojalá que los altos funcionarios de la ONU lo comprendan para mayor tranquilidad de todos los que nos preocupamos por la creciente ola de crímenes que amenaza la estabilidad de las instituciones y la paz social.
