Amnistía Internacional, el movimiento global pro derechos humanos, se ha colocado prontamente en la intransigencia que corresponde a su mística: la prevista operación policíaco-militar sobre Haití deberá transcurrir bajo restricciones preestablecidas para que la población pacífica no sea alcanzada por las acciones de fuerza que las circunstancias dicten ni por extralimitaciones de conducta del personal actuante. Las tropas que hollen el territorio de un pueblo maltratado deberán distanciarse, absolutamente, de atropellos y violaciones causados en anteriores expediciones desde el exterior que en el colmo de los perjuicios generaron una transmisión mortal y masiva de cólera entre los haitianos. Antecedentes aludidos en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó el envío de fuerzas pacificadoras. Un riesgo real por la preocupante reputación de las huestes que estarán a la vanguardia.

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República Dominicana, enfática promotora exitosa de esta reacción internacional contra la anarquía en Haití, debería requerir, también con énfasis, que un alto mando guíe con permanente sentido de moderación y profesionalidad marcial a los interventores que tendrían que usar su poder de fuego contra pandillas de criminales actuaciones en plenas zonas urbanas en las que predominan el caos y la confusión.

Una compleja tarea de rescate institucional y de orden público que debe lograr sus objetivos sin daños colaterales para una nación prácticamente secuestrada.