La principal función de la opinión pública en una democracia es la de frenar el poder político, ya que su influencia puede cambiar las decisiones de los electores, poner en marcha movimientos sociales o desencadenar la acción de la justicia.

Actualmente, pese a que hay muchos periodistas y comentaristas parciales, existe una opinión pública activa. Sin embargo, cuando uno ve que los políticos son indiferentes al escándalo y a la crítica abrumadora, uno tiene que concluir que nuestra opinión pública es estéril, pues al no ser tomada en cuenta por quienes debieran ser los primeros en escucharla, no da frutos. ¿Por qué es así? Hay varias explicaciones.

La primera es que nuestras elecciones son un contrapeso cada vez más débil, ya que lo único limpio de ellas es el conteo de los votos, pero en todo lo demás reina la ley de la selva, pues no hay rendición de cuentas sobre el origen y uso de los fondos que reciben los partidos; no hay limitación efectiva en los plazos de campaña; no hay fiscalización del uso de los recursos estatales para favorecer al partido de gobierno, ni de las sobrevaluadas obras públicas que son fuentes de financiamiento electoral; no se persigue la compra de votos. Al poder “manejar” mejor las elecciones, los políticos le tienen menos miedo a la opinión pública.

La segunda es que nunca habrá políticos presos, ya que el sistema judicial y el político garantizan que no se les tocará. Se cansan de violar la ley y siguen actuando como dirigentes o funcionarios, sin que nadie los castigue. Entonces, ¿qué importa la opinión pública, si están siempre a salvo?

La tercera es que dentro de los partidos no hay verdadera democracia, pues están controlados por el poder del dinero y/o por el poder del Estado. Como los dirigentes corruptos saben que no serán condenados por nada, convierten a los partidos en mercados y, por tanto, no necesitan tomar en cuenta a la opinión pública. La cuarta es que los políticos siempre han logrado que los mecanismos de fiscalización del Estado no funcionen. La opinión pública señala las transgresiones, pero nada cambia, pues ningún órgano del Estado actúa para sancionarlas. La quinta es que el sistema de partidos privilegia a los más grandes, que son los responsables y beneficiarios de la impunidad en que viven, impidiendo así que surjan nuevas opciones. Si no hay temor a nuevas opciones, entonces da lo mismo lo que diga la opinión pública.

Finalmente, por el bajo nivel educativo de nuestra población y su precaria situación económica, nuestros políticos contrarrestan la influencia de la opinión pública sobre los electores, comprando conciencias y financiando masivas campañas publicitarias con fondos públicos y privados de origen ilícito.

Los medios de comunicación deben dedicar más energías al fortalecimiento de las instituciones básicas de nuestra democracia, pues sin ello nuestra opinión pública será siempre estéril y, para fines prácticos, eso es lo mismo que estar amordazados.