La oposición política, liderada por el PRM, acaba de dar un paso en falso al retirase del diálogo con el PLD, pues está abandonando el escenario ideal, quizás el último, para arribar a un consenso para un proyecto de ley de partidos, un proyecto de garantías electorales y la adaptación de la Ley Electoral a la Constitución del 2010.
Varios importantes dirigentes del PLD, entre ellos el Secretario General Reynaldo Pared Pérez y el exvicepresidente Rafael Alburquerque, se pronunciaron en el sentido de que a la oposición solo le interesaba barajar nombres para integrar la JCE y el TSE y si hacemos un recuento de lo ocurrido en el diálogo debemos concluir en un razonamiento similar, o en otros planes, quizás dirigidos a crear un estado de ingobernabilidad.
El PLD fue consecuente cuando promovió ese diálogo, bajo la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, y ese escenario parecía el inicio de un gran acuerdo gobierno-oposición para una reforma profunda del marco legal electoral. Parece esa no era la intención, pues desde la primera reunión de los cuatro principales partidos (PLD, PRM, PRD y PRSC) se comenzaron a hacer reclamos para que se integraran todas las agrupaciones políticas, lo cual fue aceptado, que se incorporara a organizaciones de la sociedad civil, también aceptado, pero lo inaudito fue proponer y poner como condición previa que se barajaran los nombres de los futuros integrantes de la JCE y el TSE.
¿Dónde está la institucionalidad de la oposición que pretendía sustituir al Senado en la elección de la JCE y al Consejo Nacional de la Magistratura en la elección del TSE como establece la Constitución? ¿Pretenden sustituir la voluntad del soberano que otorgó mayoría al PLD en esos órganos?
Es cierto que para las elecciones de 1996 los partidos y la sociedad civil consensuaron un tribunal de elecciones encabezado por el Dr. César Estrella Sadhalá e integrado por prestantes juristas, pero se olvida que el país había salido de otra crisis electoral y los fraudes en los procesos anteriores demandaban una junta de esa naturaleza. Pero esa no es la situación actual, el fraude electoral tuvo su último cuplé en las elecciones de 1994, hoy contamos con un Registro Civil depurado y una Cédula de Identidad y Electoral renovada con todos los factores de seguridad y la garantía de la limpieza del padrón.
El actual equipo que dirige la JCE organizó los comicios congresuales y municipales de 2010 y nadie reclamó que hubo parcialidad hacia el partido de gobierno o irregularidades. En 2012 ese mismo equipo organizó las elecciones presidenciales y aunque Hipólito Mejía fue derrotado por 4.26 puntos porcentuales por Danilo Medina (51.21% vs 46.95%) jamás Mejía clamó por un fraude, irregularidades o parcialidad de ese equipo con el PLD.
En el actual proceso la campaña contra Roberto Rosario comenzó muy atrás, desde la Sentencia histórica 168-13 del TC, y cuando llegaron las elecciones los ataques se incrementaron y aun cuando Danilo Medina obtuvo el triunfo con un récord histórico de 61.96%, frente al 35.23 de su más cercano contendor, Luis Abinader, reproduciendo los resultados que todas las encuestas serias pronosticaban, la oposición no tuvo la altura de felicitar al Presidente Medina y ha tratado de convertir a la JCE en el chivo expiatorio de su mal desempeño, que fue una consecuencia del alto nivel de popularidad del Presidente, la satisfacción de los votantes por la obra de gobierno y la incapacidad de la oposición de unirse y presentar al electorado un programa atractivo.
La oposición no puede pretender imponer sus candidatos a estos organismos, obviamente el PLD, que cuenta con la mayoría que le otorgó el electorado, debe actuar con prudencia, sensatez y visión de futuro, porque en el fondo la oposición, si no se le complace, pretende, estimulada por poderes supranacionales, llevar el país a la ingobernabilidad. Si esa es la idea no lo van a lograr porque el Presidente sigue manteniendo altas cotas de popularidad al igual que el PLD.