RAFAEL ACEVEDO
El caso Huchi Lora versus la OPRET, o más correctamente, en defensa del derecho de información del ciudadano; será parte de la historia del derecho y del desarrollo del sistema institucional de la República Dominicana. Pero también de la historia de los partidos políticos, particularmente en lo que respecta a sus actuaciones desde la oposición. Es probable que este «round», por su importancia, llegue a ser referido como una de las últimas señales de decadencia del actual sistema de partidos, antes de su definitiva extinción.

Una de las vertientes más llamativas del caso que nos ocupa, tiene relación con la muy escasa participación de líderes y partidos de la oposición en la lucha contra la corrupción, y su casi total desentendimiento de las demandas del periodista Huchi Lora en cuanto a la aplicación de la Ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública.

Otro sector que será sin duda cuestionado por la posteridad, es el de los comunicadores, no obstante a que en cierta medida Huchi  y unos cuantos periodistas ya los representan, en cuanto a este debate, la población tiene muy pocas expectativas acerca de la participación de connotados miembros de esta «clase», por su notoria vinculación a intereses económicos y políticos.

Los dos grandes y tradicionales partidos, el rojo y el blanco, han rehuido casi todo debate que implique el tema de la corrupción y la falta de transparencia. La razón no es secreto: estos partidos tienen grandes expedientes de la especie en sus administraciones, por lo que muy pocos de los ex funcionarios se atreven a tocar el tema y menos que cualquier otro, el de los expendios y dispendios en las obras de ingeniería del Estado, en cuya área ha existido una especie de compañía por acciones, o sea, una «asociación de asociados en sociedad», que está a prueba de cuestionamientos, denuncias, querellas y otras variantes legales y periodísticas.

Lo agravante del caso es que esta vez, contraria a otras, las campañas oposicionistas que siempre hacían críticas contundentes al partido oficial y a su gobierno, ahora ni critican ni comentan ni se posicionan con respecto a estos temas, pero tampoco presentan algún reenfoque o alternativa creíble y viable. A no ser por gentes como el citado periodista, no habría quien cuestionase a los funcionarios públicos; lo cual es una situación mala y peligrosa porque no se supone que sea la prensa y menos un puñado de comunicadores, los que han de echarse encima ese pesado fardo, puesto que la libertad de prensa está concebida para un sistema de partidos donde haya verdaderos debates e intercambios, y una militante oposición. Puesto que el control de las ejecutorias del Gobierno le corresponde principalmente a los partidos, como a las instituciones de la función judicial y de la función legislativa, a las cuales se las ha dotado de vocación, derecho y recursos para que desarrollen iniciativas propias, independientes, para el control permanente de lo público y lo privado dentro del Estado. Es peligroso, decimos, porque lo menos que le puede venir encima, como antes ha ocurrido, es agresión verbal y denostaciones por vía de la diversificada fauna de alabarderos del Gobierno, al servicio (sobrepagado) de los funcionarios que manejan presupuestos generosos para obras, canonjías y concesiones.

Esto es gravoso para el país. Es lo mismo que no tener oposición, y por tanto, no tener democracia, no tener garantía de los derechos ciudadanos.

Digamos que la esperanza no está del todo perdida, que como en tiempos de la dictadura, habita en la conciencia, la integridad y la fuerza moral de un grupo de gentes de clase media, periodistas, profesionales liberales, empresarios medios, organizaciones de la sociedad civil (a menudo con patrocinios que no necesariamente nos honran, aun no dejan de ser necesarios u oportunos) y en la de muchas buenas gentes del pueblo dominicano honrado y trabajador.

También estar en que Dios ilumine a alguno, del gobierno o de la oposición, de entre gente básicamente buena, que las hay; y el panorama sea otro.