La otra cara de la discrecionalidad
Cosmética Fiscal

La otra cara de la discrecionalidad<BR>Cosmética Fiscal

El déficit fiscal presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2010, fue subvaluado en un 29.6%, al ocultar obligaciones y gastos del Gobierno por un monto ascendente a 22,378.9 millones de pesos e ingresos por 3,700 millones.

Esta subestimación ha sido evidenciada con el anuncio del ministro de Hacienda, de que será sometida una segunda modificación a la Ley de Gastos para reducir las apropiaciones de las instituciones gubernamentales correspondientes al presente ejercicio presupuestario.

Según el artículo 3 de la Ley 366-09, de Presupuesto, promulgada el 29 de diciembre de 2009, el déficit aprobado para el 2010 fue de 47828.4 millones de pesos, el cual resultaba de un estimado de ingresos y donaciones de 263,032.9 millones y apropiaciones de gastos por 310,861.3 millones. Este monto no reflejaba la situación fiscal real, debido a que el Gobierno subvaluó las estimaciones del subsidio al sector eléctrico en RD$11 mil 893.9 millones y los fondos para cumplimiento de la Ley de Capitalización del Banco Central por un monto de 10 mil 485 millones.

Aunque el Gobierno consiguió la santificación del presupuesto y del nivel de déficit de RD$47,828.4 millones por los genios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la realidad ha demostrado que si se transparentaba la verdadera situación presupuestaria, la brecha fiscal hubiese llegado a un monto de RD$62,009.1 millones, equivalentes a un 3.3% del PIB y no 2.5% como fue aprobado por el Congreso.         

Se recuerda que en junio de este año  el Congreso Nacional aprobó una Ley de Modificación del presupuesto por RD$11,197 millones, que redujo un 20% de las apropiaciones de las dependencias públicas para cubrir el subsidio a la electricidad. Igualmente, la semana pasada el ministro de Hacienda  envió al Congreso, a través  del director de Presupuesto, un nuevo proyecto de ley de modificación presupuestaria, para reducir nuevamente las apropiaciones de fondo de los distintos ministerios e instituciones gubernamentales, para cubrir un faltante de RD$10,485 millones para la capitalización del Banco Central, dejados de incluir conscientemente en el presupuesto original aprobado por los legisladores. 

Una de las dimensiones para evaluar el desempeño de la gestión de las finanzas públicas utilizado por el PEFA (Gasto Público y Rendimiento de Cuentas en español) es el indicador de credibilidad presupuestaria, que trata de calibrar a través de un conjunto de indicadores el grado de desviación entre el presupuesto aprobado y el que efectivamente se ejecuta.

Las modificaciones presupuestarias y el monto que estas involucran son un buen indicador para evaluar la calidad de la formulación del presupuesto. En el 2010 la desviación entre los gatos   aprobados y los ejecutados, tomando como referencia las modificaciones y cambios registrados, así como las operaciones y alteraciones   discrecionales no transparentadas, podrían rondar el  15% del presupuesto, lo cual es significativo y revela fallas u omisiones importantes en la formulación del presupuesto.  

El Congreso Nacional aprobó apropiaciones de gastos para el 2010 por un monto de 310,861.3 millones de pesos, compuestos por  225,534.7 millones de gastos corrientes y 85, 326.6 millones para gastos de capital. De haberse transparentado los gastos del subsidio eléctrico y de la capitalización del Banco Central, el gasto estimado debió ascender a 328,985.6 millones, lo que confrontados con los ingresos estimados de  266,976.5 millones, arrojaría una brecha fiscal de 62 mil 009.1 millones de pesos, superior en un 29.6% a los 47 mil 828.4 millones que fueron aprobados por los legisladores.

Para el 2011 las autoridades fiscales han presentado un proyecto de Presupuesto General con gastos estimados en 326,764.8 millones de pesos e ingresos por 293 mil 216.8 millones y un déficit estimado de RD$33,548 millones.

La pregunta que hay que formularse es: ¿no han sido subestimadas algunas partidas de gastos como el subsidio a la electricidad? ¿los ingresos crecerán en las magnitudes presupuestadas?

Al igual que en 2010, el presupuesto para el 2011 ha tenido como telón de fondo la firma de un acuerdo con el FMI en el que se trazan las líneas generales en el ámbito fiscal.

En esta ocasión se ha pasado de la expansión fiscal a la consolidación fiscal vía la reducción del gasto  corriente por el recorte del subsidio eléctrico, mantener constante la nómina pública e introducir mejoras en la administración tributaria.

Como parte de la consolidación fiscal, el ritmo de gastos del Gobierno central se redujo significativamente en el tercer trimestre de este año en contraste con lo sucedido en el primer y segundo trimestre, en los que la expansión del gasto público registró un incremento de   un 36.7% con respecto al 2009.

Los reportes preliminares de la ejecución presupuestaria del Gobierno central hasta septiembre del presente año muestran que el promedio mensual del gasto gubernamental se redujo de 25,706.4 millones en el periodo enero-julio a 20,169.6 millones en el trimestre julio-septiembre.

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Disminuye el gasto

La disminución  del ritmo de gasto en la segunda mitad del 2010 indica claramente que las autoridades del Gobierno se han visto obligadas a revertir la política de expansión del gasto que empezaron a ejecutar desde el tercer trimestre de 2009 bajo el acuerdo con el FMI, debido a que el fuerte aumento del gasto asociado al recién pasado periodo electoral de mayo y la acumulación de deuda con contratistas, suplidores y con los generadores eléctricos, amenazaban con quebrar el principal argumento a favor del Gobierno: la estabilidad macroeconómica Disminuye el gasto.

La disminución  del ritmo de gasto en la segunda mitad del 2010 indica claramente que las autoridades del Gobierno se han visto obligadas a revertir la política de expansión del gasto que empezaron a ejecutar desde el tercer trimestre de 2009 bajo el acuerdo con el FMI, debido a que el fuerte aumento del gasto asociado al recién pasado periodo electoral de mayo y la acumulación de deuda con contratistas, suplidores y con los generadores eléctricos, amenazaban con quebrar el principal argumento a favor del Gobierno: la estabilidad macroeconómica.

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