Es casi imposible arrancar una sonrisa de los ciudadanos cuando se habla de establecer y cobrar tributos. Es casi un axioma que los habitantes de una nación quisieran pagar la menos cantidad posible de impuestos. Porque las cargas fiscales tocan el bolsillo, el patrimonio, la riqueza de una empresa, de una persona o de una familia.

Este es un comportamiento casi universal, aunque hay lugares donde las personas tienen mayor conciencia acerca de la bondad de los tributos que en otros. Esta diferencia no debe ser caprichosa ni debe existir por generación espontánea. De seguro que hay razones poderosas que la generan.

Creo que se ha hecho un lugar común decir que a los dominicanos no nos gusta pagar impuestos. Y de hecho, es posible que paguemos poco de acuerdo al criterio de la mayoría de nuestros economistas y financistas.

Los impuestos son, definitivamente necesarios. Ellos permiten al Estado disponer de fondos, de dinero, para financiar servicios tan importantes como la educación, la salud, de los deportes, el suministro de agua potable, la protección ciudadana por medio de la Policía y la protección de la frontera por medio de los cuerpos castrenses.

En el caso dominicano las recaudaciones impositivas han servido para financiar muchas otras cosas. Construcción de carreteras y avenidas, de edificios para las oficinas públicas, para los hospitales y para las escuelas; canales de riego, presas, iglesias, aeropuertos e instalaciones deportivas; han servido para ayudar por medio de subsidios a escuelas primarias y secundarias, a colegios, a universidades, a clínicas, a orfanatorios, asilos de ancianos, escuelas de música, presentación de ferias, las actividades de los partidos políticos y organizaciones sociales conocidas como organizaciones no gubernamentales.

Con los fondos generados por las recaudaciones fiscales también se financian las actividades de los poderes del Estado, es decir, de la Junta Central Electoral, de los municipios, de la Suprema Corte de Justicia, del Congreso Nacional y, por supuesto, del Poder Ejecutivo. También intervenciones especiales derivadas de calamidades públicas como ciclones, riadas, incendios, temblores de tierra, etcétera.

Cuando uno mira ese cuadro uno podría afirmar, en un primer momento, que los ciudadanos y ciudadanas no deberían oponerse a pagar los tributos que hacen posible el financiamiento de unas actividades y funciones tan básicas, tan estratégicas, tan importantes y útiles. Pero la oposición existe, unas veces con más intensidad que otras.

Pero no crea el lector que siempre es por convicción ideológica o económica, o por tacañería pura y simple. Hay otras razones, algunas de un alto valor financiera y otras comprensibles porque nadie quiere desprenderse del fruto de su trabajo para verlo mal utilizado o malgastado. Y también hay razones que enmascaran un interés de no pagar tributos públicos.

De todas las razones que suelen darse para fijar resistencia a las nuevas cargas fiscales hay una que siempre me ha parecido muy válida, sobre todo en nuestro medio. Los hombres de negocio, los empresarios, las personas que en la sociedad se dedican a crear riqueza, a correr riesgos financieros, a innovar sus tecnologías y sus técnicas de producción, suelen quejarse porque los gobiernos dominicanos hacen mal uso de las finanzas públicas.

En una encuesta administrada por el diario HOY en abril del 2001, a cargo de la firma norteamericana Hamilton Beattie & Staff, se estableció que una mayoría absoluta de los dominicanos (81%) considera que los impuestos son necesarios para que el gobierno pueda prestar servicios públicos. Sin embargo, el 46% creía que esos tributos se pagan y no se sabía en qué los invertía el gobierno.

Hay una queja muy sentida por el uso de los fondos públicos. Porque el ciudadano espera unos mejores servicios en educación, en salud y en las otras cuestiones que hemos mencionado. Porque se espera que la Policía proteja al ciudadano, que las calles estén adecuadas, que las oficinas públicas funcionen con eficiencia, que haya escuela para todos los niños en edad escolar, etcétera.

De manera que si las autoridades quieren que haya una actitud diferente hacia los impuestos, si se quiere reducir la evasión, entonces hay que mirar con atención el otro componente de la reforma tributaria, que es la manera de invertir y de gastar los dineros públicos. Que se preocupen por lo que ahora llaman la calidad del gasto, que tiene que ver con utilizar los fondos en las áreas que importan y necesitan los ciudadanos y hacerlo de forma eficiente o rentable. Esta es la otra cara de una reforma tributaria.