Recuerdo claramente la voz de mi abuela Celia enseñándome con su 4to grado de primaria una pequeña gran lección de rectitud, seriedad y compromiso, todo resumido en una sola frase: “Hay que hacer lo que se dijo que se iba a hacer”.

El 1ro de abril del 2014, la sociedad dominicana celebró la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030; el que todos los actores; políticos, sindicales y empresariales hayan logrado colocar sobre la mesa de discusión sus enfoques sobre la educación y concertáramos como sociedad una única visión nacional pactada y con sus respectivas vías concretas de acción para su puesta en ejecución, fue el mayor logro social de ese año. Y en el presente, esos mismos compromisarios en el rol de tomadores de decisiones, parece que han olvidado la importancia de dar continuidad a lo firmado.

Al repasar todo el trayecto que nos trajo hasta aquí, no puedo dejar de pensar en cómo una lucha social buscaba y buscó lo mejor para que cada persona a lo largo de toda su vida pudiese tener una educación digna y de calidad. El Pacto Educativo es fruto de un proceso de consulta, concertación y pugna, que inició con las sombrillas amarillas, con
esa frase que quedó grabada en nuestra memoria; “El 4% para la educación”.

En pleno 2022; parte de la sociedad comprendía que habíamos alcanzado una madurez que nos impediría volver atrás. Con altas y bajas, las transformaciones del sistema educativo eran imparables. Todos considerábamos que por la génesis de este proceso no podíamos fallar, contamos con compromisos claros, una hoja de ruta, metas para
alcanzar el ODS4, instituciones socialmente involucradas, acuerdos, programas e iniciativas consolidadas, marchando a paso lento, pero avanzando.

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Sin embargo, una vez más la falta de institucionalidad, la sed de protagonismo, las ansias de posicionar una agenda política por encima de los intereses nacionales, impide que coloquemos en el centro de nuestra mirada a nuestros niños y niñas. Tenemos todo y decidimos como gobierno mirar a otro lado; algo nos pasa en el camino, algo se nos
olvida y dejamos de tener en cuenta esta regla de oro “hacer lo que se dijo que se iba a hacer”.

Uno de los planteamientos de las Metas Educativas 2021 es que “el Estado es el principal responsable de la protección, el respeto y el cumplimiento del derecho a educación”; pero un momento: esto no es solo un enfoque de ese compromiso, sino también de la Agenda 2030, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Plan Decenal de Educación 2008-2018 y por supuesto de la Constitución dominicana. Entonces, ¿Cómo es posible que tantas veces los mismos actores políticos se hayan comprometido a un fin y no logren cumplirlo?

Muchos serán los factores, pero cuando se une un poder ejecutivo que no valora la importancia de la continuidad como parte de la institucionalidad, con entidades o ministerios de educación (preuniversitario, técnico-profesional y superior) que no respetan los acuerdos de país, los planes y proyectos educativos comprometidos y, sobre todo, en
conjunto un gobierno que ha querido hacer una ruptura con el pasado desconociendo todos los procesos y avances que tuvimos, más allá de cualquier orientación partidaria, es para preocuparse y reaccionar.

¿Es un tema de voluntad?, ¿es un tema de oportunismo político?, ¿es un tema de prioridades? o peor aún, ¿se nos olvidó el valor de la palabra empeñada?.