POR LUIS MANUEL PIANTINI
En los últimos diez años la República Dominicana ha aprobado y puesto en vigencia excelentes leyes y tratados comerciales, que cuando se evalúan sus resultados, no llenan las expectativas favorables que produjeron en sus inicios.

El entusiasmo con que se diseñan las leyes no guarda relación con nuestro desgano para su ejecución efectiva o son puestas en vigencia en el tiempo menos oportuno o en algunos casos no se analizan las consecuencias y la necesidad de tomar acciones complementarias para que estas leyes y tratados rindan a la población los beneficios esperados.

Para mal de tontos, esta situación también se produce con los planes  estratégicos de las grandes potencias. Tal es el caso de Iraq, donde se ha demostrado, que si el plan de guerra fue bien concebido y ejecutado, mas importante aún, el de la posguerra, adoleció de profundas fallas para establecer la paz y  un gobierno democrático dentro de un tiempo prudente, que le diera legitimidad a las acciones de guerra preventiva emprendidas en ese convulsionado país. Al final, el costo en pérdidas de vidas  y en recursos monetarios gastados ha sido sumamente elevado, con un futuro incierto para lograr los objetivos que esperaban sus estrategas.

Los mismos Organismos Multilaterales de Financiamiento han tenido que admitir, que  las reformas en que se basaba  el Washington Consenso no fueron suficientes,  y que hubieron fallas en su diseño e implementación para impulsar el crecimiento, estabilizar la macroeconomía y reducir la pobreza en los países de América Latina y del Caribe después de la debacle de los años de la década del ochenta, lo que ha producido frustración y desaliento en sus pueblos, haciendo peligrar el modesto avance alcanzado, y hasta el mismo sistema político que las avaló y ejecutó. 

En nuestro país la Ley de Capitalización de las Empresas Públicas fue intencionadamente bien concebida y contundentemente justificada, pero sus resultados, los que le han restado apoyo a su justificación, demuestran que el desafío que imponía su ejecución, demandaba de una fuerte institucionalidad, enormes esfuerzos, controles y de una rigurosa supervisión, que fueran detectando a tiempo los entuertos y aplicando las medidas correctivas. Los desastres financieros en la CDE y el CEA, han devenido en mayores desastres en sus empresas herederas y en costosos perjuicios para la población que aplaudió la valiente decisión con inusitada esperanza.

La Ley de Inversión Extranjera, que unida a la anterior, formó parte de los pilares en que se basamentó el Washington Consenso, no ha generado los resultados que se esperaban de ella  ni en la cantidad, ni en la calidad del tipo de inversiones que se pretendía atraer. La mayoría de las empresas se han establecido en sectores de menores riesgo y de mas rápida recuperación de la inversión, por ser en sus inicios de mayor renta cautiva, que no tienen o tienen poca vinculación con las exportaciones (con excepción de las zonas francas y turismo que tenían desde antes sus propias leyes e incentivos y de las telecomunicaciones que mas dependen de nuestra relación con la diáspora).

Estas inversiones se han establecido en las empresas de comidas rápidas y comerciales que antes eran negocios de nacionales y ahora son cada vez más de grandes cadenas multinacionales (aunque la fuerte devaluación de los últimos dos años ha reversado en parte este flujo).  De esta forma los beneficios que antes se quedaban en  el país, ahora presionan a nuestra balanza de pagos y tasa de cambio, en la forma de pagos hacia el exterior de beneficios, royalties, regalías y patentes. En el año 1997 los egresos externos por estos conceptos que totalizaron un monto de US$ 756 millones, se habían elevado a US$ 1,362 millones en el año 2002, un aumento del 80%, representando el 95% del crecimiento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos entre esos dos años.

No estamos negando que la ampliación de la cantidad de empresas que compiten en un mismo mercado sea beneficiosa, pues mejora la calidad del producto ofrecido y reduce sus precios, lo que estamos cuestionando es que no se haya evaluado la situación y determinado para corregir por medio de otras reformas si fuesen necesarias, el por qué las empresas extranjeras han sido tan tímidas en invertir en los sectores generadores de exportaciones, cuando esa fue precisamente una de las principales motivaciones de la ley. A esta pregunta posiblemente tengamos una respuesta parcial ofrecida por el famoso economista Jeffrey Sachs en el prólogo de un estudio que auspició la Fundación Global Democracia y Desarrollo titulado Estrategia Nacional de Desarrollo y Competitividad, cuando señala » Un desafío clave es el establecimiento de mejores instituciones públicas como una forma de obtener ingredientes claves para tener éxito en una economía moderna: protección de los derechos de propiedad, un ambiente macroeconómico estable», mas adelante indica que » se necesita mas capital humano y físico para aumentar la productividad», como también de la herramienta tecnológica.

¿Por qué  son claves las instituciones públicas para obtener como requisitos a la inversión un ambiente macroeconómico estable y protección de los derechos de propiedad?, pues porque la debilidad institucional o poca transparencia en la aplicación de las leyes implica la existencia de una moneda débil, un pobre manejo fiscal e irresponsable de la deuda externa, trabas burocráticas, corrupción sin castigo, la aprobación de nuevas leyes o de gravámenes  que afectan las que estaban vigentes cuando se estableció la empresa, la expropiación antojadiza de propiedades por simples decretos, el no cumplimiento de contratos ejecutados, cuestionamientos a la transparencia de los procesos judiciales y cambios de reglas de juego cada cuatro años, entre otras razones. Naturalmente las empresas de exportación que son las de mayores riesgo, pues tienen que competir con márgenes de rentabilidad muy reducidos y en un  largo plazo para recuperar la inversión, no se sienten tentadas a establecerse en mercados tan inestables e imponderables que puedan afectar adversamente el flujo y recuperación de los recursos invertidos.

La Ley de la Seguridad Social, otra ley bien concebida y humanamente justificada, inició su ejecución en un tiempo donde ni el sector público ni el sector privado tenían los recursos humanos, tecnológicos y financieros que eran rigurosamente necesarios para su efectiva implementación, lo que ha generado frustración y parálisis en la puesta en vigencia de una gran parte de sus componentes básicos.

La Ley Monetaria y Financiera fue torpedeada desde diversas trincheras en  su diseño y aprobación congresional desde el año 1993, poco después de haberse superado una crisis financiera que era en cierto sentido la justificación de poner en vigencia una nueva ley mas rigurosa en el manejo del sistema. Cuando ésta por fin fue aprobada con sus ligerezas pecaminosas diez años después, ya estaba en gestación  una nueva y mas profunda crisis producto de la ausencia  del respeto a la  institucionalidad, tanto de parte del sector público como del sector privado, y de la debilidad en los mecanismos de supervisión.

Desde la pasada década la República Dominicana se ha embarcado en un proceso de rápida inserción a los mercados externos, que he apoyado con entusiasmo, a través de tratados de libre comercio con El Caribe, Centroamérica y recientemente uno firmado con los Estados Unidos de América. En el presente nos preguntamos ¿Habrán nuestras autoridades realizado una evaluación de los tratados en ejecución, para conocer si sus balances de intercambio comercial han sido beneficiosos para nuestro país? Y si no lo han sido ¿Se han detectado cuales han sido los problemas, y se está trabajando en las reformas que corregirían las asimetrías existentes?

Cuando se ejecutan tratados de libre comercio y más aun como el firmado con los Estados Unidos que incluye temas de marcadas complejidades en su administración, los Gobiernos no solo están obligados a ejecutar los compromisos contraídos, sino también a emprender reformas, para el beneficio de sus nacionales, que vayan más allá de una simple modificación de la estructura arancelaria y administración aduanera. Dichas reformas tienen que estar dirigidas a enfrentar aquellos escollos que impiden que las empresas nacionales sean competitivas, y mejorar sus niveles de productividad. En la pagina 114 del señalado estudio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo el cuadro 4  muestra que la diversidad de productos exportados por nuestro país (48) en el año 2000, era menor que la de Costa Rica (90), Guatemala (98), El Salvador (101) entre los centroamericanos, siendo Tailandia la de mayor diversidad (269)  dentro de la muestra de 10 países.  En cuanto a mercados de destinos por categoría de productos, nuestro país exportaba a 5 países, El Salvador a 6, Costa Rica a 10, Guatemala a12 y  Tailandia a 21.  Lo que demuestra que en términos de diversidad de productos y penetración de mercados nuestra economía se encuentra en franca desventaja con relación a esas economías centroamericanas.

Además de firmar tratados los gobiernos tienen que concentrar su atención en eliminar aquellos obstáculos en términos de costos y fallas institucionales que son desventajosos para las empresas nacionales y que son de su exclusiva competencia. Estos son aspectos de extrema responsabilidad que tienen que enfrentar los Gobiernos, con la misma responsabilidad con que firman los tratados, porque el no hacerlos representa que una hormona para el crecimiento se convierta en un virus que se propague hasta los cimientos de la estabilidad no solo económica sino también política.

Por ejemplo, el gobierno tiene que evaluar la estructura impositiva de aquellos países con los que competimos por ser uno de los elementos básicos que afecta la instalación de nuevas inversiones y la rentabilidad de las existentes. Se ha demostrado que la no existencia de aranceles, trabas aduanales e impuestos sobre la renta, han sido los grandes incentivos que han motivado el desarrollo de las empresas de zonas francas en el país.  El estudio señalado  en su pagina 111 nos informa que las exportaciones de dichas empresas crecieron 80.7% entre 1993 y 2001, mientras aquellas originadas en el resto de la economía o exportaciones nacionales lo hicieron en solo 32.5%, decayendo en los últimos dos años (excluyendo el ferroniquel).  Es mas, según los datos del Banco Central estas exportaciones que alcanzaban un valor de US$ 1,017 millones en el 1997 habían caído a US$ 848 millones en el 2002.

Por otra parte, después  de haber experimentado un largo período de rápido crecimiento las exportaciones de las zonas francas han menguado significativamente su dinámica  exportadora al mercado americano frente a la competencia de México y Centroamérica. El boletín anual No3 de la balanza de pagos del año 2003  en la página 51 anexo 6, tomando como fuente Otexa «Major Shippers Report,»indica que el valor de las importaciones  estadounidenses de confecciones textiles  de la República Dominicana pasó de US$2,216 en el 1997 a US$ 2,252 millones en el año 2001, para un aumento de US$36 millones, 2%, las procedentes de México aumentaron en US$ 2,761 millones, 54%, y las de Centroamérica en US$ 1,968 millones, 41%. Además, a partir del año 2005 las empresas de zonas francas enfrentarán otro gran reto con la eliminación del Acuerdo Multifibra (cuotas de importación), lo que permitirá a los países asiáticos, países de menores costos, aumentar su volumen de exportación hacia el mercado americano. Así mismo en el año 2009, se vence el plazo otorgado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a ese sector para que se eliminen sus preferencias impositivas.

Estos datos demuestran que hay graves problemas que están impidiendo que nuestras exportaciones de bienes puedan continuar siendo el motor del crecimiento y fuentes crecientes de divisas que suplan la demanda de mayores importaciones frente a la apertura externa, evidenciando la certidumbre que en el futuro continuemos experimentando crisis cambiarias recurrentes o  bajas tasas de crecimiento. Los recientes sucesos mundiales nos señalan la gran fragilidad del turismo no solo frente a acontecimientos externos, sino también frente a tragedias internas. Por lo que la dinámica de nuestro crecimiento y desarrollo no se puede sostener en un solo sector, que siendo importante, muestra debilidad ante esos sucesos para ser una fuente confiable de ingresos externos continuos, ni en exportar dominicanos a través del Canal de la Mona.

La simple firma de un tratado con los Estados Unidos, en una situación macroeconómica muy perjudicial para nuestros productores internos, no va a mejorar nuestro acceso a ese mercado y por tanto a aumentar las exportaciones por si solo, puesto que ya gozamos de acceso privilegiado a través del Caribbean Basin Trade Partnerships Act (CBTPA) para la mayoría de nuestros productos. Lo que dicho tratado lograría es la de brindarnos la permanencia de ese acceso, que en el presente tiene un carácter temporal y evitar que se nos excluya de esa ventaja si los centroamericanos logran la aprobación de su tratado con ese país. Además con la inclusión de Centroamérica ya tendríamos fuertes competidores para atraer inversiones hacia nuestro país. El tratado amplia el acceso de los productos y servicios americanos a nuestro mercado como es el caso del sirope de maíz.

Frente a todos estos retos que impone una mayor apertura de nuestra economía a la competencia externa, el Gobierno esta en la obligación de enfrentar la realidad, mas temprano de lo que pueda pensar su esencia fiscalista, poniéndose el sombrero del desarrollo y a la vez que elimine y reduzca los aranceles, genere una profunda reforma fiscal integral que elimine o reduzca sustancialmente el impuesto sobre la renta (costo), como una forma de evitar la desaparición de muchas de nuestras actuales empresas, atraer inversión extranjera y de sacarle beneficios, no pérdidas, a estos tratados,  aumentando y diversificando nuestras exportaciones de bienes y servicios (p.e. outsourcing que requieren aumento y calidad de la enseñanza), e ir transfiriendo la carga impositiva a la economía interna, mejorando la administración tributaria y limitando sus áreas de acción, hacia sectores esenciales para el desarrollo de nuestros recursos humanos y en obras físicas prioritarias que no pueda ejecutar el sector privado.

El Gobierno también tendrá que enfrentar en un período no muy lejano, la realidad que le va imponer la necesidad de realizar una profunda reforma del sistema monetario con la adopción de una moneda fuerte, que elimine las devastadoras crisis cambiarias, mejore la competitividad de nuestras empresas a través de una significativa reducción en los costos financieros, provea ahorro de largo plazo, elimine los costos de transacción y brinde un estimulo importante a la confianza empresarial interna y externa.

Estos son parte de los grandes retos a los que tendrá que enfrentarse el Gobierno, para que la necesaria apertura externa se convierta en un dinámico motor de desarrollo, creador de empleos y de riquezas y fortalecedor del proceso democrático, y no en un elemento generador de tensiones políticas y económicas y acelerador de la pobreza y de la desigual  en la distribución de los ingresos, si nos quedamos en una situación contemplativa esperando que las soluciones nos lluevan del cielo.

Los estudios que esta realizando la Fundación Global Democracia y Desarrollo, con su prestigioso equipo de expertos, son importantes materiales de investigación que le pueden servir de soporte al Gobierno para comenzar a accionar rápidamente en la concertación de un conjunto de reformas que transformen el destino de este país,  convirtiéndolo en la maquinaria exportadora del Caribe y relanzando el crecimiento sostenible.