El escándalo le ha tocado en la última semana a José Francisco Peña Guaba, administrador de la Lotería Nacional, por haber repartido entre legisladores bonos para juguetes por 27 millones de pesos, de los que en una democracia de mediana intensidad tendría que responder no sólo él, sino también los receptores.

Si  hubiese en el país más transparencia y mayor vocación y posibilidades de  denunciar los abusos de los recursos estatales, ocurrencias como esa se repetirían todas las semanas y desde luego darían mucho trabajo al sistema de control del Estado y a los organismos judiciales.

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a una concepción del gobierno como botín de las guerras electorales de cada dos años, afectando todos los niveles de funcionarios electos, desde el Poder Ejecutivo hasta las salas capitulares. Se trata de una degradación de la política convertida en mercado de especulación a presente y futuro.

Hay que advertir que los últimos presidentes salidos de los partidos “más democráticos y liberales” de nuestra historia, han llevado o permitido que llegue el usufructo del poder al nivel de la parcelación. Se distribuyen parcelas de poder entre los aliados y quienes “se fajan” en las campañas y se permite que cada parcelero haga lo que le venga en ganas con los recursos que aporta el pueblo productor y trabajador. Por eso en los últimos tres períodos gubernamentales los cambios de altos funcionarios son tan escasos. Se respeta lo ganado.

Al principio del gobierno del presidente Hipólito Mejía se denunció en el telediario de Teleantillas que el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Diógenes Castillo, había designado 32 familiares en altos y medianos cargos de ese organismo, aparte de que se pagaba a un taller propiedad del funcionario la reparación de los autobuses estatales.

Se dieron los nombres y apellidos de los familiares, los cargos y sueldos. Nos sorprendió que cuando llamamos a Castillo para una entrevista por televisión él aceptó sin el menor reparo y frente a los televidentes expresó que la denuncia era una exageración, puesto que él estaba seguro que sus familiares empleados en la OMSA no pasaban de catorce o quince. Nadie se dio por ofendido y Castillo se mantuvo disfrutando de su parcela los cuatro años de Hipólito.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández la parcelación del poder, el clientelismo y el nepotismo han llegado a niveles extremos. Hay familias enteras que disfrutan de cargos administrativos y en la diplomacia, completando con los hijos, sobrinos y primos que han tenido la suerte de estudiar con becas en el extranjero.  

La Lotería, pero también el Instituto de Estabilización de Precios, el Instituto de Recursos Hidráulicos, la oficina de Desarrollo de la Comunidad, Pro Comunidad, lo que queda de la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto para el Desarrollo del Suroeste y otros organismos estatales, además de embajadas y consulados han sido dado en parcela a los aliados políticos. 

Cuando en la última campaña electoral se denunciaron las nóminas y nominillas con las que se pagaba a miles de dirigentes de base del partido de gobierno, un hombre de la categoría de Euclides Gutiérrez Félix salió a restarle gravedad, asegurando que él también tenía su nominilla en la Superintendencia de Seguros, de la que es titular.

Peña Guaba pasó los últimos 4 años al frente del Inespre. Casi desde el principio el gobierno suspendió la mayoría de sus programas.

Aquello estuvo todo el período  virtualmente paralizado, pero nunca se suspendió el pago mensual a más de dos mil empleados, gran parte relacionados políticos y familiares del director. Se respetó su parcela.

Los senadores tienen sus barrilitos, los diputados pueden acceder a fondos especiales para labores sociales, en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y otras instituciones estatales, los organismos directivos se auto reivindican, se reparten cuotas de empleos para relacionados y se crean privilegios. Todo se vale en su parcela de poder. Según el párrafo I del artículo 20 de la Ley de Seguridad Social, “La Lotería Nacional será administrada en beneficio del Sistema Dominicano de Seguridad Social”, a donde debieron ir los 27 millones de pesos destinados a que los legisladores distribuyeran  juguetes. Si se violó la ley eso no preocupará ni tendrá sanciones. Sería crear un mal precedente, puesto que aquí se viola impunemente una gran parte de las leyes.