A pesar de los resultados críticos en las aéreas de Lengua Española y Matemáticas en las pruebas Pisa y de un organismo reconocido como la ODCE, los dominicanos hemos descubierto lo que piensa sobre nuestro desarrollo intelectual el gobierno dominicano. Por eso los números que conocemos para el caso Odebrecht carecen de lógica, son un amasijo de números imposibles de analizar desde sus montos, aprobaciones, ejecutores de contratos, los sobreprecios y los períodos en que se hicieron “los sobornos”, sin capacidad de evaluación a tiempo, de la Cámara de Cuentas y sobre todo, más que todo, sin olvidar los responsables reales de las líneas políticas que los facilitaron.
Las sumas de las obras contratadas por los gobiernos dominicanos, el Estado, con la compañía brasileña fueron los siguientes:
• El gobierno del Ing. Hipólito Mejía, contrató RD$292 millones (6%),
• En el gobierno del Dr. Leonel Fernández, RD$1,462 millones (33%),
• En el gobierno del Lic. Danilo Medina, RD$2,712,434 millones (61%).
De los tres Jefes de Estado contratantes de Odebrecht solo Hipólito Mejía estuvo a disposición de la investigación y explicó, por iniciativa propia, su participación en el proceso.
Los que hemos leído la Constitución sabemos que solo el Ejecutivo envía contratos a la aprobación del Poder Legislativo y que éstos solo pueden aprobarlos y rechazarlos. Resultaba extraño que los más grandes intervinientes, sobre todo dentro del período en que operaron los sobornos, están fuera del proceso. Esos números fueron los siguientes:
Lic. Andrés Bautista: 6 %
Lic. Jesús Vásquez Martínez 3 %
Lic. Cristina Lizardo 31 %
Lic. Reinaldo Pared 60 %
Aceptar estos números en silencio es la prueba de que nuestro gobierno no duda de lo que sobre la educación de los dominicanos afirman Pisa y la ODCE: que no sabemos sumar, no entendemos lo que leemos y que no tenemos pensamiento lógico, ni mucho menos crítico.
¿Se invirtieron US$ 92 millones de dólares, o más, en sobornar a los que aprobaron solo el 6 % de las obras?, ¿Quiénes estaban en el ejercicio de esos ministerios durante la ejecución de los contratos?, ¿Quiénes aprobaron el aumento por encima del 25% que autoriza la Ley?, ¿Qué paso con la página 14 del primer documento acusatorio?, ¿Si el Procurador General de la República admite ante la Comisión designada por el Presidente que en Punta Catalina no hubo “sobre valuación pero sí soborno” ¿dónde está el sobornador de Punta Catalina?
Estas preguntas son repetidas por amplios sectores de nuestra sociedad. Pero desde el punto de vista jurídico, en términos profesionales, conocimiento y práctica del derecho, lo ha dicho la magistrada Miriam Germán Brito. Y lo ha dicho con delicadeza, afirmando la honestidad personal del magistrado Ortega, pero en ocasión del conocimiento de la recusación de Jesús Vásquez Martínez, la participación previa de este juez en el caso de Odebrecht y la jurisprudencia por él establecida, obligan a la abstención como lo hizo la juez del caso de Emely Peguero. Por otra parte, la falta de conocimiento de las pruebas, una forma de negación de derechos, a lo que magistrada Germán hizo referencia al conocer la recusación del magistrado Ortega solicitada por Jesús Vásquez Martínez.
Deseo de todo corazón que la justicia pueda iniciar un nuevo camino en la República Dominicana. Que los inocentes prueben su inocencia y los culpables sean castigados por la sociedad. Que el proceso nos esclarezca las incongruencias matemáticas con las que inicié estas líneas.
Soy practicante de la transparencia, militante de la honestidad y sueño con el día en que todos los que hemos sido funcionarios públicos se nos llame a probar, acompañados de nuestras declaraciones de impuestos, los bienes con que llegamos al gobierno y lo que al partir llevamos en los bolsillos. Es un desafío que necesita de mucho valor.
Si respetamos la Constitución, las leyes y el Código Procesal Penal, si elegimos a jueces que representen nuestra sociedad, verificaremos que todavía es posible retomar la justicia. Que el precio de la política de oposición en países con concentración de poderes, tiene el riesgo de caer en imparcialidad para los míos y parcialidad para los otros. Lo sabemos millones de dominicanos aun que ahora con estrictos principios de derecho, de justicia, en el caso de la recusación solicitada por Jesús Vásquez Martínez, con una sola palabra: parcial, lo ha escrito la magistrada Miriam Germán.