Las corrientes de pensamientos en las que se suscribe el proceso de planificación en Latinoamérica está relacionado a distintas épocas o etapas; por ejemplo, en la década correspondiente a los años cincuenta y sesenta primaba la cultura de fijar objetivos estratégicos de características cualitativas, en los años setenta se dio un giro hacia modelos cuantitativos que permitían fijar los resultados por alcanzar con metas puntales.

En este contexto, la planificación era muy rígida en la asignación de los recursos económicos, esto trajo como consecuencia, producto de las reformas neoliberales, que su utilización se despreciara desde los años ochenta hasta los noventa. Ya para los años noventa la planificación de corto plazo tuvo auge y condujo a grandes avances en materia de eficiencia en la gestión pública.

En la primera década de este siglo la planificación ha adquirido un matiz que muestra una sólida vigencia. Hoy en día se ha asumido esta práctica con aspectos cualitativos relacionados al mejoramiento del bienestar social y la sostenibilidad; pero además, combinados con metas cuantitativas como crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), disminución de la pobreza y la desigualdad, entre otros, sin dejar a un lado las cuestiones del buen manejo de la gestión pública eficiente y moderna, que contribuya a “unas finanzas públicas sanas con esquemas de planificación plurianual del presupuesto” (Màttar, J. y Perrotti, D. La planificación como instrumento de desarrollo con igualdad en América Latina y el Caribe: tendencias y desafíos. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2014, p. 51).

Este contenido histórico es relevante para comprender las tendencias actuales en la que se suscriben nuestrasposturas, en el sentido de que, el nuevo paradigma se encuentra en “la participación de la ciudadanía en la concepción y práctica del proceso de planificación, así como en la ampliación del horizonte planificador para incluir el largo plazo” (Màttar y Perrotti, Ob. Cit., p. 51).

Esto implica que la participación popular en la planificación induce a los ciudadanos a ser los partícipes en la consolidación de la realización del bien común, y que los mecanismos de participación de la ciudadanía y de veeduría social, son instrumentos necesarios para propiciar la concertación de aquellas políticas públicas de protección social que requiere la sociedad.

Este nuevo paradigma de la planificación permite estimular la democracia participativa en la toma de decisiones, y es una relación que permite a los ciudadanos compartir su poder con sus representantes y actores e instituciones políticas. Ya que la exclusividad del poder no recae únicamente en los funcionarios públicos, esto se ha transformado, porque junto a otros sectores de la sociedad se deben equilibrar las decisiones sobre las políticas públicas de protección social.

En consecuencia, del examen anterior se induce que la creación de una visión de país como meta a largo plazo conlleva lo que Màttar y Perrottidenominan “un amplio consenso ciudadano que le otorgue legitimidad” (Ob. Cit. p. 52). De esta manera asumimos que es pertinente generar mayores niveles de participación de los ciudadanos en los procesos de planificación y concertación de las políticas públicas de protección social.

Al abordar las distintas teorías de la planificación y los desafíos en el comienzo del siglo XXI, se considera que el debate sobre este tema ha sido “enriquecido y se ha distanciado de la planificación normativa, indicativa o tradicional” (…) Esto ha permitido que los procesos, métodos y técnicas de la planificación hayan “experimentado cambios sustanciales” (Màttar y Perrotti, Ob. Cit. p. 55).

Bajo estos supuestos, es evidente asumir que las tendencias más recientes sobre el proceso de la planificación se alinean a aspectos estratégicos y fórmulas ampliamente participativas, lo que indica mayores niveles de incidencia y participación de los ciudadanos en los métodos y técnicas de coordinación, concertación y evaluación de políticas públicas de protección social.

Y es que, en el sector público, durante la última década del siglo XXI la planificación ha dejado de ser un proceso meramente práctico o tradicional para convertirse en un proceso de construcción de visiones de futuro como en los planes para alcanzarlas.

Así lo refieren los expertos Màttar y Perrotti en otra investigación de su autoría, realizada para el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), denominada “planificación, prospectiva y gestión pública: reflexiones para la agenda de desarrollo”, al afirmar que en Latinoamérica, la planificación adopta un perfil más democrático, ya que su acepción se debió a un contexto de una “ciudanía exigente, participativa y colaboradora, por lo que los planificadores aprovechan este espacio de diálogo para alimentar y retroalimentar la construcción, el seguimiento y la evaluación de planes y programas” (p. 55).

Son relevantes las teorías y perspectivas que estos autores, ya que inducen al proceso de planificación a enfocar el análisis desde la participación de la ciudadanía en la elaboración y formulación de políticas públicas de protección social; es decir, que bajo estas teorías la planificación puede constituirse en un ingrediente central de las políticas públicas de protección social orientadas a ese fin.

En tal sentido, defendemos la revalorización de la planificación que se da con la visión estratégica en el diseño y ejecución de políticas, pero además, la que confiere importancia al carácter participativo, la anticipación del futuro, y las funciones de coordinación de las acciones y evaluación de los resultados. Así es como concebimos la descripción moderna de un proceso de planificación.

Sin embargo, el mayor reto consiste en que la planificación se consolide como un instrumento de la política de desarrollo de nuestro país, especialmente en apoyo al diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas de inclusión social.