La participación política es más que votar

José Luis Morillo, artículista

Existen diferentes concepciones teóricas sobre la participación política. Están indudablemente adheridas al modelo de gobierno y hasta al tipo de democracia que se reconozca en un Estado determinado. Pero haremos alusión al modelo que nos plantea la democracia occidental, no importando si se trata de la democracia directa o indirecta (representativa). Estas coinciden en que la participación política es el derecho que tienen las personas a decidir e incidir sobre las disposiciones que toman los estados, así como de poder tener el control de las ejecuciones de sus gobiernos.

Estas precisiones encuentran fundamento en los diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual forma nuestra Constitución resalta la primacía del poder popular y la irrefutable soberanía de sus decisiones, en su artículo 2.

La participación transciende la visión reduccionista y excluyente de la partidocracia dominicana, donde dan por entendido, que la población participa a través de los procesos electorales. No dejando de ser este, un mecanismo de participación ciudadana, pero como tal, no es incluyente, pues en este no se encuentra reflejada toda la población; partiendo de un simple razonamiento, que la condición de ciudadanía es un privilegio de pocos: se adquiere a los 18 años de edad, sin tener derecho al voto una parte significativa de la sociedad, entiéndase: adolescentes, niños, niñas y personas sin documentación.

El derecho a la participación política es transversal a todos los demás derechos fundamentales, es visto como el mecanismo que motoriza el cumplimiento de cada uno de ellos. Por eso la participación implica que todas las personas puedan formar parte de las decisiones que se toman desde el Estado, que estos tengan la capacidad de poder aportar, monitorear y controlar la forma de cómo se ejecutan las políticas públicas.

Es cuestionable que se haga referencia a la participación política en una sociedad donde no se respetan las normativas en materia electoral, donde se crean componendas entre los principales partidos políticos para desconocer derechos adquiridos de importantes segmentos tales como la juventud y la mujer; donde se legítima la entrega de recursos públicos sin la más mínima supervisión en la ejecución del gasto, pero peor aún, donde a los propios miembros de las fuerzas políticas no se les respeta el derecho constitucional de elegir y ser elegido (ver primarias de los partidos políticos).

Partiendo de este contexto, vale decir, que la participación política en el país es una bisutería de la peor, que se utiliza para entretener y dar apariencia de democracia cada cuatro años. No es posible sustentar el argumento de la democracia participativa, sin cumplir con las reglas mínimas que la establecen, la cual descansa esencialmente en legitimidad que otorga el pueblo y que a su vez debe ser garantizada por el respeto a la legalidad. Es en ese sentido que el politólogo italiano Norberto Bobbio,  señala que para que se pueda hablar de legitimidad y legalidad del poder, es preciso llegar al gobierno respetando el ordenamiento jurídico y se debe gobernar apegado el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

Es innegable que en la democracia dominicana los procedimientos normativas para acceder al poder están viciados, cuya legitimación popular es el resultado de la pobreza no solo material, sino también espiritual en la que la clase política ha sumergido a la población de nuestro país. En donde el pueblo no elige, lo ponen a elegir, puesto que las ofertas electorales carecen de legitimidad y son en la mayoría de los casos, frutos de la violación al marco legal.

Por eso es pertinente que logremos comprender, que la participación política como derecho, debe estar sustentada en la garantía de los derechos humanos, si las personas no tienen asegurada la salud, si no existe igualdad de acceso a una educación de calidad, si no se puede tener vivienda digna, si la justicia tiene privilegios de clase, si no hay empleo decoroso y la riqueza que se produce no se redistribuye de forma equitativa, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero jamás del derecho a la participación política.