JESUS ELIAS MICHELEN-EMBAREK
En sociedades pluralistas y democráticas la opinión pública es la expresión pública de las ideas de los ciudadanos en su rol de personas privadas. Es un poder público a través del cual la sociedad civil manifiesta sus posiciones, formula sus críticas y somete al debate público aquellos aspectos de su propio interés interno y de sus relaciones con los poderes del Estado.

La opinión pública se convierte de esta manera en conditio sine qua non para el funcionamiento del sistema político democrático; deviniendo condición de posibilidad del establecimiento de los valores morales sobre los que se asienta la democracia. De esta forma, desde la teoría de la democracia, la opinión pública se convierte en aquel ámbito donde se tematizan y dirimen de forma convincente e influyente, aquellos problemas que afectan a la sociedad.

La calidad de una opinión pública se mide por la capacidad e independencia de criterios que exhibe sobre las relaciones de poder, tanto económico, social o político. Es precisamente esta calidad la que ofrece una medida de la legitimidad con la cual esa opinión pública puede ejercer su influencia sobre el sistema político.

De esta manera es el espacio de la opinión pública donde se forma y se lucha por ejercer influencia sobre el público de los ciudadanos; sólo que esta influencia debe provenir del convencimiento logrado a través de argumentos inteligibles y razonables expuestos por los actos.

Si tomamos en cuenta que en los modernos estados nacionales, ante la imposibilidad fáctica de la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de política pública se han impuesto democracias liberales, en las cuales la participación política de los ciudadanos se limita en la realidad a elegir sus gobernantes a través de elecciones que se suponen libres e imparciales; el espacio de opinión pública se convierte entonces en un proceso de formación de democrática de la voluntad colectiva.

Sin embargo, ya desde el siglo XIX algunos pensadores críticos como Marx y Nietzsche veían en la opinión pública una especie de falsa conciencia, donde lejos de expresar la razón de todos los involucrados o afectados, se ocultaba su carácter de expresión del interés de la clase dominante; amenazando con ello su función ética de mecanismo de expresión de toda la sociedad. Esto implica que el espacio de la opinión pública, para poder lograr su legitimación dentro de la esfera pública, debe incluir dentro de sus actores, por lo menos en principio, a la totalidad de los ciudadanos.

En la sociedad posmoderna, el proceso de acumulación capitalista ha traído como consecuencia la concentración de los medios de comunicación por grupos económicos bien organizados; distorsionando de esta manera, los objetivos que siglos atrás filósofos de la Ilustración como Locke, Montesquieu y Kant buscaban con el “uso público de la razón” como forma prioritaria de realizar una libertad efectiva.

En nuestro país, las consecuencias de este dominio de la opinión pública por parte de los grandes grupos de intereses se agravan, producto de la debilidad institucional y el escaso poder político de la sociedad civil. Provocando que el espacio público que le correspondía ocupar a los ciudadanos privados, haya sido copado en su mayor parte por los partidos políticos o por aquellos publicistas que de manera subrepticia los representan.

Esta partidarización de la esfera pública está ocasionando graves daños a la salud institucional y la fortaleza de la democracia dominicana, trayendo como consecuencia, la segregación política de los escasos ciudadanos que todavía se atreven a participar dentro del espacio público para exponer asuntos de política pública. El objetivo consiste en lograr la descalificación inmediata del actor, obviando la necesidad de enfrentar con argumentos y razones las opiniones del contrario. Pero esto empobrece el discurso político, al tratar de limitar el intercambio comunicativo a simples diatribas entre activistas político-partidaristas.

La partidarización de la opinión pública trae además como consecuencia la reducción del espacio público político de la sociedad civil, con lo cual ésta pierde uno de sus mecanismos más efectivos para controlar las acciones de los organismos del Estado, pero sobre todo, pierde la democracia dominicana, puesto que el control de la opinión pública por parte de los partidos políticos, impide a los ciudadanos una lucha vigorosa contra el clientelismo político y la corrupción administrativa.