JULIO BREA FRANCO
La retórica de la «revolución democrática» del Presidente anda en pausa desde hace unos buenos meses. Su ímpetu para canalizar el proyecto de reforma constitucional, que navegaba a velocidad de crucero, ha quedado por el momento anclado en alta mar.

Varias cosas cambiaron en el escenario. En primer lugar el desacuerdo en la alta dirigencia de su partido a consecuencia de la decisión sostenida de buscar la reelección. El reflejo fue inmediato: la otrora compacta mayoría congresional se vio súbitamente descompuesta, evidenciándose a pesar del acostumbrado encanto de la discreción peledeísta. Todo indica que la herida sigue abierta a pesar del abrazo funerario.   Luego, como se esperaba, llegó para hacernos compañía por un buen tiempo los febriles proselitismos al punto que a todos les causó sorpresa la tormenta Noel, dejándonos bien mojados y desgraciados. Todos estaban en eso.

Estamos en pleno combate aunque fuera de la arena electoral. No es verdad que ahora, cuando se quieren marcar diferencias, aunque simples y maniqueas, hay temperamento para oír, conocer ni mucho menos aprobar nada. ¿Están asistiendo los diputados a la sesiones del Congreso? No. El presidente de la Cámara así lo ha informado y Lila Alburquerque lo corrobora en el confesionario público haciendo «mea culpa» cuando más de la mitad de todos ellos andan con los mismos pecados a cuestas. La reforma de la Constitución, la bandera del declarado «pronunciamiento» institucional no solo se ha pospuesto: se ha convertido en un secreto de alcoba. Por ahora, todo quedará en papeles a menos que, a resultados conocidos, y en el interregno de gobierno a gobierno, se desempolve la reforma con el ajetreo de la conveniencia mediata.

Ninguno de los redentores que buscan el favor de los votantes, los enflusados del gobierno, los del estilo diferente al del «pichirrí», ni los que andan en carreta con pollos, puercos y papeletas no se refieren al tema como si todos estuvieran de acuerdo con el desorden y la pobreza institucional nuestra. Estos aprendices de brujo que con sus menjurjes alquímicos dicen que curarán nuestros males y miserias ni hablan de ella tampoco la tienen en sus agendas. Es mejor dejar eso para mañana.

En los últimos tiempos se ha hablado de muchas cosas. Una de ellas fue el de la «partidocracia». Fue el Presidente de la República quien tan solo señaló el fenómeno sin hacer propuestas concretas para su atenuación. Aun suponiendo que en el sistema político dominicano puedan detectarse empíricamente los elementos configurativos de un dinámica patidocratica, como poder determinante y monopólico de los partidos,  algo que está aún por demostrarse,  pueden detectarse alguna que otra regla institucional que lo facilita.

Hace cuarenta y seis años, en el mejor documento diagnóstico y propositivo escrito sobre el ordenamiento institucional y su reforma, se hizo el siguiente señalamiento:

«El Artículo 20 de la Constitución dominicana (en el texto actual núms. 19 y 20, JBF) establece otro procedimiento que se aparta de la norma democrática en lo que respecta a la elección de suplentes de los Senadores y Diputados. No se hace por el voto popular directo, lo cual tratándose del órgano legislativo, que más directamente ejerce la soberanía delegada, acentúa visiblemente la contradicción de dicho artículo con el segundo de la misma Constitución, que proclama ‘el gobierno esencialmente civil, republicano, democrático y representativo’. Si faltando los principales, electos por el voto popular, se reintegran el Senado y la Cámara por la voluntad de los propios senadores y diputados, en virtud de ternas propuestas por los partidos cuyos congresistas hubiesen originado las vacantes, los así nombrados carecen del necesario mandato popular».

La recomendación del Informe fue que la vacancia de los legisladores se resolviera mediante la elección conjunta de suplentes de senadores y diputados. Fue acogida en el texto de 1962. Desapareció en la Constitución de 1963. Y así se mantuvo hasta el período 1966-1970. Luego se volvió al sistema anterior. Desde entonces está ahí. Las «roscas» de los partidos todavía hoy tienen el poder de nombrar diputados y senadores. República Dominicana es el único Estado en Latinoamérica que mantiene este mecanismo.