El Gobierno adolece de coherencia en cuanto mensajes envía a la población

En la pasada semana ocurrieron tres hechos que fortalecen la sostenida percepción de que este Gobierno adolece de algo esencial para toda administración del Estado, sobre todo en este tiempo de pandemia: coherencia en cuanto a los mensajes que envía a la población a través de las declaraciones y ejecutorias de sus instancias claves.

Son esos hechos: las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia y presidente del partido oficialista, relativas a las asignaciones presupuestarias a los partidos, las cuales contradicen lo dicho sobre ese tema por el presidente de la República en su momento y por el viceministro de Presupuesto en esa semana, la firma del Pacto Eléctrico sin la participación del sector social y la destitución del ministro de Salud Pública.

Esa circunstancia, ocurrida poco antes del día de la rendición de cuentas del presidente Abinader ante el Congreso, hizo un ruido innecesario antes y posiblemente después de ese importante acto, sin que pueda establecerse cuál de los referidos hechos fue más engorroso.

La destitución del ministro de Salud Pública, por actos de corrupción e irregularidades en su ministerio, manda una señal de que el país finalmente camina hacia un régimen de consecuencias.

Pero también, esa fulminante destitución debería acompañarse de un claro establecimiento oficial de las causas que la motivaron.

Así, la señal también apuntaría hacia el final de la cultura de las destituciones de funcionarios sin mayores consecuencias para estos.

En cuanto al Pacto Eléctrico, lo más relevante es la inobservancia de principios fundamentales que debe tener toda iniciativa de concertación: debida información, preparación y activa participación de las partes en el desarrollo del diálogo que culminaría en un acuerdo.

Actores claves del sector social dicen que no fueron convocados a la afirma del pacto y que se privilegió el resultado, no el proceso de convocatoria para su firma.

El resultado es importante, pero el proceso para lograrlo es la mejor garantía para su eficacia y sostenibilidad. Obviar la participación social en la firma del pacto podría tener un costo político que no sé hasta donde se ha calibrado. El tiempo dirá.

Algunos funcionarios dicen que varios puntos que el partido oficial no firmó cuando era oposición, desde el poder lo puede ejecutar.

Si esto es así, porqué entonces la prisa para insistir en una firma del pacto a costa de sacrificar un eventual aliado que le daría una invaluable, real y desinteresada cuota de legitimidad al gobierno.

En lo que respeta a la declaración del ministro administrativo de la presidencia en torno a que se le darán los recursos demandados por los partidos, en cualquier otro país esta hubiese sido un escándalo. Para darles lo que piden los partidos y acepta este ministro, deberá cambiarse la Ley de Presupuesto o violentarla.

Asumir cualquiera de esas posiciones sería un lamentable error, porque sería como si el presidente del partido oficial y ministro corrigiera públicamente a su presidente y al viceministro de Prepuesto sin que, al parecer, tenga la anuencia de su partido. Algo inconcebible.

Para un gobierno que puede exhibir incuestionables logros en cuanto a transparencia, eficiencia, cierta frugalidad que se traduce en ahorro del dinero público, de avances en el combate a la corrupción, la independencia de la justicia, entre otros, los hechos comentados le restan coherencia, además de aceptación en sectores importantes de la población.

Por eso para el gobierno, la pasada fue una semana para el olvido.

Debieron establecerse las causas de la destitución del ministro de Salud Pública