POR LUIS H. VARGAS
Los neoliberales se han dividido entre, por un lado, oficialistas, compuestos por ex-dirigentes de la liberación dominicana que no revelan rubor alguno en justificar la pérdida de la “soberanía económica” y ex-militantes de la defensa de derechos humanos y ciudadanos, incluyendo a difusores de la teología de la liberación, que no albergan ningún cargo de conciencia cuando justifican la implementación de políticas genocidas contra los pobres y campañas racistas contra los haitianos, y, por otro lado, opositores, en especial pertenecientes a la comisión económica del Partido Revolucionario Dominicano -PRD- y a algunas organizaciones no-gubernamentales -ONG-, cuyas opiniones coinciden en los crímenes de transferir, vía impuestos, el pago de las deudas del Banco Central al fondo de subsistencia de las capas trabajadoras y aniquilar los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas licuado de petróleo -GLP- de los hogares pobres.

Aunque parezca inaudito, pero es cierto: los autoproclamados representantes de la mal comprendida ideología socialista democrática y la mal nominada sociedad civil proponen medidas de políticas públicas más atrasadas y reaccionarias que las acciones realizadas por las autoridades gubernamentales, a la vez que no guardan empacho alguno en hablar a nombre de las clases asalariadas o participar en comisiones estatales a título de representación de las clases populares. En ambos grupos, la defensa práctica del ideario neoliberal y las recetas fondomonetaristas se escudan tras la verborrea de lucha contra la pobreza y la macroestabilidad económica, sin importarles un bledo el montón de muertos y desvalidos dejados por el relevo de pactos entre el gobierno central y el FMI. 

El cese de paga de deuda pública y el estallido del cierre y quiebra de bancos comerciales, durante la administración de Mejía, motivaron la intervención del FMI al Estado dominicano, en forma del convenio “Stand by”, afín de asegurar la repaga de las obligaciones financieras a los diferentes acreedores internacionales y reajustar violentamente las variables macroeconómicas a través de la privatización de ganancias a favor del gran capital nativo y extranjero y la socialización de pérdidas a costa de las clases trabajadoras y pequeñas empresas rurales y urbanas.

Pero como la administración perredeísta no pudo cumplir con las severas condicionalidades de restricciones monetarias y presupuestarias, en una coyuntura recesiva, con el objetivo de ponerse al día con el calendario de cancelación de atrasos y vencimientos de pago de deuda y ni el FMI quiso hacer cumplir algunas claúsulas porque afectaban los lucros de empresas oligopólicas, tales como la extinción y consecuente penalización de los crímenes de la evasión fiscal y las operaciones ilegales off shore, se dejó caer dicho pacto, con la excusa de que el poder ejecutivo había irrespetado las condicionalidades convenidas, concretamente el límite de endeudamiento y juramento de continuidad de la privatización al emprender la reestatización de las empresas energéticas Edenorte y Edesur. La combinación del ahondamiento pronunciado de la crisis de la economía y las finanzas y el enconamiento de las clases populares contra la gestión de gobierno de Mejía y el PRD produjo, en una primera etapa, división aguda entre las clases empresariales por el reparto del costo de la superación del colapso y, también, inseguridad de dominio entre los grupos de poder económico y financiero por la falta de control estatal y policial de las masas inconformes.

Ante esta situación crítica, en una segunda etapa, las organizaciones empresariales pactaron su reunificación de defensa de sus intereses y hegemonía sobre la conciencia de las masas mediante el respaldo coyuntural a la oferta electoral del PLD y la asunción de las políticas y condicionalides impuestas por el FMI en un nuevo convenio “Stand by”. Dicho y hecho. El PLD ganó las elecciones el 16 de mayo de 2004, Fernández inició la ejecución del programa de reajuste neoliberal del FMI el 16 de agosto, y, el 31 de febrero de 2005, el gobierno peledeísta fernandecista ratificó su decisión de someterse a los mandatos fondomonetaristas, como requisito imprescindible de obtención de financiación de organismos bilaterales y reprogramación de deuda con el Club de París y el Club de Londres, bajo el alegato de que no había otra salida a la crisis económica que perder la soberanía nacional.

Sin embargo, en una tercera etapa, no cabe dudas de que las crisis de acumulación capitalista y financiación pública se encuentran en un atolladero, fruto del tipo de intervención estatal de austeridad monetaria y fiscal que bloquea posibilidades a breve plazo de recorrer el sendero de la recuperación, en base a la destrucción de capitales no rentables, la redistribución justa de los ingresos nacionales y la recomposición de los mercados en provecho de las transacciones interiores.