POR BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Lo llevo dicho hace tiempo: la parte que se refiere a la prescripción, al cese legal de la persecución judicial contra los delincuentes, debe desaparecer de nuestro andamiaje jurídico. Por ahí andan los asesinos que fusilaron, sin que ninguna ley los amparara, al Héroe de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó. Por ahí andan los asesinos que fusilaron, sin que ninguna ley los amparara, a jóvenes revolucionarios y no revolucionarios durante los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, de 1966 a 1978.

Por ahí andan los asesinos que fusilaron, sin que ninguna ley los amparara, a Manolo Tavárez Justo y sus compañeros, en diciembre de 1963.

Por ahí andan los asesinos que fusilaron, sin que ninguna ley los amparara, a los Héroes del 30 de mayo de 1961, quienes eliminaron al jefe de la tiranía, Rafael Trujillo Molina.

Por ahí andan los asesinos que fusilaron, sin que ninguna ley los amparara, a los expedicionarios que desembarcaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo, en un gesto de amor a la libertad, a la democracia y a la Patria, que merece el más grande de los reconocimientos.

Por ahí andan muchos de los asesinos que participaron de los horrores y matanzas de las cárceles clandestinas de la tiranía de Trujillo, sin que ninguna ley los amparara.

¿Para que sirve el Poder Judicial y todo su aparataje en la República Dominicana?

¿Hasta cuándo el Procurador Fiscal continuará como un empleado del Poder Ejecutivo, que sirve para encubrir lo que le conviene al régimen de turno?

¿Acaso cree alguien que el Procurador Fiscal representa a la sociedad? ¿Qué investiga? ¿Hasta dónde tiene independencia? Investiga lo que le ordenan, detiene lo que le mandan y carece de independencia. Esa es la realidad.

Estamos, pues, a la mala del diablo y hay que buscar la forma de estar a la buena de Dios.

Todo lo anterior, a propósito de dos asuntos importantes: para que se tome en cuenta eliminar la prescripción del delito cuando se reforme la Constitución y para que se modifique el concepto de obediencia.

Dos bandidos chilenos: tanto Pinochet como Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, generales que sólo han olido la pólvora de sus disparos, que nunca tuvieron un enemigo armado y decidido en el frente, se acusan de ser los culpables de los asesinatos de opositores durante la dictadura militar que sufrió Chile después de 1973. Contreras

dice en su favor, que se limitó a cumplir órdenes.

Ningún militar o policía está obligado de cumplir órdenes que violen la Constitución o las leyes.

Obedecer no es entregar la cabeza a los superiores militares o policiales.

La obediencia que presten militares y policías debe ser a los mandatos de la ley y sus actuaciones enmarcarse dentro de esos límites.

Si un funcionario de mayor rango le ordena la comisión de un delito, el militar o el policía no está obligado a obedecerlo.

Tan culpable es el cobarde de Pinochet como el otro cobarde de Contreras, la ventaja es que en Chile no hay prescripción de la pena, como en este paraíso de los asesinos y ladrones.

Y eso debe terminar.