Es de sentido común, en términos políticos, que la extrema concentración del poder en pocas o en una sola mano impide una real participación ciudadana en los lugares donde se toman las decisiones fundamentales de un sistema político. Cuanto esto ocurre, la democracia se vacía de todo contenido sustancial y el principio de la delegación de poder para ser ejercido en esos lugares, pasa a ser palabra huera.

Aunque no exactamente, esencialmente en ese tenor se expresó el actual primer mandatario de la nación en una ocasión para advertir lo que él entendía un peligro: una eventual aplastante mayoría congresual del PRD. Lo hacía, recogiendo la percepción de que no es sano que un partido político tenga el control de todos los poderes del Estado, porque cuando eso sucede el poder de turno no tiene el suficiente contrapeso que permita el debido respeto a las minorías, que es la esencia del sistema democrático.

El actual grupo en el poder tiene el control del Congreso y el de otros contrapoderes del Estado: Cámara de Cuentas, los tribunales Constitucional, Electoral y la Suprema Corte. En el caso del Tribunal Superior Electoral, ya comienza a verse los resultados de ese control, como bien lo denuncia el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Un poder sin contrapeso constituye una amenaza para la alternancia en el poder, sobre todo, cuando el mismo se articula con una acumulación originaria de capital de parte de quienes lo detentan. De ese modo se produce una negación de la democracia misma y, por lo tanto, en un sistema esencialmente autoritario, independientemente de la forma en que surgió y de que guarde algunas formalidades

Estamos ante ese peligro. Eso lo advierten y se denuncian  diversos  sectores de la vida económica, social y política del país y es la esencia de lo que un grupo de 57 activistas sociales e intelectuales expresan en el comunicado publicado por este diario el martes 6 del corriente mes de marzo, con el título: “Defender la democracia dominicana ante la amenaza del continuismo y el autoritarismo”.

Además del contenido de ese documento, su fortaleza radica en la diversidad de actores que lo suscriben y en cómo se elaboró. Casi todos son representativos de otros profesionales, intelectuales y activistas sociales importantes del país. Eso determinó que su proceso de redacción fuera sustancialmente participativo y expresión de un sentimiento colectivo que va mucho más allá del significativo número de sus signatarios.

Es lógico pensar que muchas personas se sienten representadas en las ideas fuertes del documento, pero  por diversas razones no aparecen como signatarias del mismo. Otras tantas no fueron contactadas a tiempo pero ya expresan su disposición de firmarlo. A estas les decimos que el proceso de firma no se ha cerrado. Continúa, que el documento no constituye un  mero testimonio, sino que está pensado como movimiento.

Seguiremos el proceso con iniciativas tendentes a obligar a que quien sea elegido el 20 de mayo asuma las aspiraciones contenidas en el mismo. Esa  voluntad expresa la independencia de criterios de sus suscribientes y la de continuar la acción más allá de esa fecha electoral.

En eso radica su pertinencia.