La verdad es que la confrontación entre los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) ha aportado el combustible necesario para la investigación, un tanto insólita, iniciada desde el Congreso Nacional con la integración de una comisión especial multipartidaria de diputados, que pretende disciplinar al tribunal de elecciones.

Digo insólita, porque no se trata ahora de una rebelión de la JCE contra el Senado, institución capaz de nombrarlos y destituirlos,  sino que los nueve diputados comisionados indagarán el contexto que el presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, no ha vacilado en calificar acertadamente como “rebatiña interna de sus miembros”.

No se trata tampoco del escandaloso caso de corrupción investigado por el Senado hace varios años en la Cámara de Cuentas, el cual culminó con la destitución de todos sus miembros y la designación de los actuales.

En la materia actual, se trata, pura y simplemente, de contradicciones sobre temas concretos ventiladas públicamente, cuyo punto de inflexión se situó en el proceso electoral pasado y que ahora ha alcanzado relevancia debido al voto disidente y razonado emitido por los jueces Eddy Olivares y José Ángel Aquino  contra la decisión del tribunal respecto al manejo de miles de registros de nacimientos de hijos de madres haitianas nacidos en República Dominicana.

En una palabra: los doctores Roberto Rosario, Olivares y Aquino Rodríguez, los tres prominentes abogados y políticos, no han podido ocultar sus preferencias partidarias a la hora de colocar en primer plano el interés nacional. Y lo han hecho de forma pública, afectando la imagen del  tribunal y el perfil internacional de la nación.

Ojalá la comisión de diputados no se contagie con el virus fanatizado de la JCE  y su conclusión no rompa la soga por lo más delgado.