Hoy 
Si los planificadores oficiales están pensando seriamente en delinear el desarrollo integral del país a mediano y largo plazos, deberían dedicarle bastante atención a la preparación de los recursos humanos necesarios para esos fines. El estudio Percepción de la ciencia y la tecnología en estudiantes de bachillerato del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, realizado por la Academia de Ciencias, con apoyo de la UNESCO, arroja resultados que deberían ser analizados para esos propósitos.
El estudio arroja que solo un 8.8% de los estudiantes de bachillerato del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se interesan por ciencia y tecnología, mientras que solo un 2.4% tiene interés por una carrera universitaria propiamente científica como la biología, química, meteorología y astronomía. No hay inclinación, según el estudio, por estudiar ciencias físicas ni matemáticas y los temas que más interés despiertan se relacionan con crímenes y delitos (31%), deportivos (30.5%) y noticiosos (25.8%).
Estos resultados dan una idea bastante preocupante de nuestras deficiencias en materia de calificación de recursos humanos para la ejecución y sostenibilidad de planes de desarrollo integral a corto y mediano plazos. A esto hay que sumar la pobre calidad de nuestra enseñanza. Todo esto debe formar parte de la planificación.
Distorsiones indeseables
Las autoridades correspondientes deben intervenir para impedir que haya distorsiones en el precio del azúcar refinado que resulten perjudiciales para el consumidor. La Federación Dominicana de Comerciantes ha denunciado que el producto llega a ese sector a un precio más alto que el que se fija a los industriales, a lo que hay que agregar costos de transportación. Hay una distorsión de precio que solamente perjudica al consumidor, que no está adquiriendo la libra de azúcar refinado a los 18 pesos estipulados por el Inazúcar.
No debería existir ningún factor que conduzca a esta distorsión. El Inazúcar, que autoriza importaciones y regula los precios internos del azúcar, debe investigar qué está ocurriendo en el mercado y si el volumen cuya importación se ha autorizado satisface el déficit de producción o disponibilidades a nivel local. La diferencia de precio entre industriales y comerciantes no parece tener justificación.
