POR LOYDA PEÑA
El jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, dijo ayer que sus investigadores presumieron el suicidio de Quírico Rojas Carram porque éste lo había manifestado durante interrogatorios que le hicieron en torno al asesinato de los esposos Joel Díaz y Yaniris Ruiz, y a testimonios de empleados de la cabaña donde apareció su cadáver en Jarabacoa.

«La  hipótesis de la Policía de que la muerte de Quírico Rojas Carram  se trató de un suicidio está basada en el hecho de que él le confesó al general Bernardo Santiago y Santiago, y al fiscal adjunto que dirigieron las investigaciones del caso,  que a él (Rojas Carram) no le quedaba otra opción que quitarse la vida», dijo Pérez Sánchez.

Agregó que además, cuando los investigadores interrogaron a los empleados del hotel donde apareció el cadáver, éstos aseguraron que había llegado solo.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda que transmite cada domingo Telesistema Canal 11, el jefe policial dijo, que tras las revelaciones hechas por el director del Instituto de Patología Forense, Sergio Sarita Valdez, sobre los resultados de la autopsia al cadáver de Rojas Carram, se designó una comisión de oficiales para hacer investigaciones.

Informó que esa comisión la encabezada por el general Miguel Mateo López, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, y que tan pronto se tengan los resultados de las pesquisas, serán dados a conocer.

El jefe de la Policía dijo que para esa institución el caso del asesinato de los esposos Díaz y Ruiz, cuyo principal inculpado es el religioso Meregildo Díaz Díaz está cerrado, “salvo que el juez que tiene en sus manos el expediente, y el Ministerio Público soliciten su colaboración».

VEHÍCULOS ROBADOS

Durante la entrevista, el mayor general Pérez Sánchez se refirió también al juicio a los oficiales activos y retirados por el usufructo de vehículos robados, y favoreció las negociaciones con la fiscalía para liberarlos de la acusación.

Reiteró que la gran mayoría de los oficiales procesados son inocentes, ya que recibieron los vehículos de manos de sus superiores para el uso de sus funciones y los devolvieron una vez se los requirieron.

«Ahora, en muchas ocasiones un vehículo recuperado era enviado a los laboratorios para su identificación, y en el trayecto era interceptado  y retenido por algún oficial, lo que indica que en esos casos sí se estaba consciente del delito que se estaba cometiendo y esos sí merecen ser sancionados», dijo.

CÓDIGO PENAL

En otro orden, el Jefe de la Policía informó que está preparando un paquete legislativo incluida una modificación al Código Penal que contempla una pena de 50 años de prisión para todo aquél que dispare contra un miembro de esa institución.

Agregó que la legislación también contemplará que los bienes incautados como cuerpo de delito por las autoridades una vez se produzca una sentencia que adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pase a manos de la Policía como un bien público.