A casi un mes de la masacre ocurrida en Ojo de Agua, Baní, donde siete colombianos murieron acribillados a causa de un alegado ajuste de cuentas del narcotráfico internacional por 1,200 kilos de cocaína,  todavía la Policía no ha rendido un informe definitivo sobre las investigaciones que realiza en torno a uno de los asesinatos más  escabrosos ocurridos en el país.

La pieza clave de la investigación policial es el nicaragüense Holy Gómez, quien sobrevivió a la matanza del 4 de agosto de este año, perpetrada en una residencia veraniega propiedad de una de las víctimas.

Mientras la Policía maneja el tema con mucho celo, algunos periódicos digitales publican desde el pasado sábado los supuestos vínculos, de un mayor retirado de ese cuerpo del orden, con esos hechos.

El asesinato de los colombianos Antonio Zuluga Mustiola, Darío José Atencio Vargas, Eduardo de León, Jesús David del Río, el nombrado Blanquito y otros dos no identificados, provocó la reacción del senador banilejo Wilton Guerrero, quien denunció que miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía estarían implicados en el caso.

El informe Guerrero
La sociedad quedó atónita ante la evidente presencia de las garras más fuertes del narcotráfico internacional.

Pero mucho más cuando Guerrero anunció que daría los nombres de las personas que estarían relacionadas con las víctimas que, dicho sea de paso, entraron al país de manera ilegal.

La lista de supuestos cómplices está integrada por el exfiscal de Baní, Víctor Cordero, los ayudantes fiscales Esther González y Maspero Hatuey Santana, y el exdirector de la fortaleza, el general policial Hilario González.

Aunque no identificó a los agentes policiales y de la DNCD que involucraba en los hechos,  en una rueda de prensa realizada en el Senado  el nueve de agosto, dijo que todos los comandantes de la DNCD  que han estado en Baní han sido cómplices de los narcotraficantes.

Causó igual sorpresa el hecho de que, desde 2004 comenzó a dar gritos de alarma presentándole al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, pruebas del incremento de la criminalidad y de la venta de drogas en su provincia.

Estaban al conocimiento de la preocupación de Guerrero  el secretario de Interior y Policía, Franklyn Almeyda, el ex jefe de la Policía, teniente general Bernardo Santana Páez, y el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio

El informe comisión
El  siete de agosto el Presidente Leonel Fernández nombró una comisión para determinar la veracidad de la denuncia.

Estuvo integrada por el exsecretario de las Fuerzas Armadas,  teniente general Ramón Aquino García, el mayor general Rafael Guilermo Guzmán Fermín, jefe de la Policía,  y Jiménez.

En un informe presentado el día 15, estos determinaron que   “no se encontraron pruebas suficientes” que vincularan a las autoridades de Baní con el narcotráfico.

Sin embargo, recomendaron la cancelación de oficiales de la Marina de Guerra y el traslado de los comandantes de la Base Naval de Las Calderas, así como de la dotación local de la Policía.

El traslado de la dotación de la DNCD, y posibles sanciones para miembros del Ministerio Público.

Zoom

Narcotráfico en RD
Para las autoridades dominicanas representa una gran preocupación el incremento del narcotráfico en el país, no solamente desde la perspectiva del gran negocio, sino del microtráfico que está diseminado en todas las provincias del país.

La criminalidad
Los expertos vinculan al incremento de la delincuencia y la criminalidad la venta de drogas. De cuan fácil se entra al país

El pasado ocho de agosto el canciller Carlos Morales Troncoso reveló que los extranjeros asesinados entraron al país de manera ilegal.

Esa debilidad la atribuyó a las características geográficas de la República Dominicana, por ser una isla que comparte su territorio con otra.

Quizás por esas ventajas comparativas del territorio dominicano, para que entre  y salga quien pueda, el colombiano Antonio Zuluaga, uno de las víctimas de la masacre, había intentado cruzar hacia Haití, por la frontera de Jimaní, con un cargamento de 338 kilos de cocaína.

Se le apresó el 16 de julio de 1997 -según un reporte de El Día-, junto a otros implicados dominicanos y extranjeros a quienes se les sometió a la acción de la justicia mediante el oficio número 970525 de la Fiscalía del Distrito Nacional.

De acuerdo con la información, el cargamento en su poder había sido introducido por Boca Chica.