Hoy 
POR GERMAN MARTE
La Policía Municipal es jurídicamente inexistente, no hay una sola disposición legal que la permita o la autorice, afirmó ayer el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda.
Explicó que la única sustentación que tenían las policías municipales era una resolución de Interior y Policía que les autorizaba a usar rangos, insignias, uniformes y licencias otorgadas para el porte de armas de fuego.
Aclaró que no se opone a la existencia a una Policía Municipal o Comunitaria, pero advirtió que la misma debe hacerse con cierta regulación, en base a la ley.
Advirtió que hasta ahora las policías municipales se habían conformado de manera desorganizada «y eso puede significar riesgos importantes para las comunidades».
De acuerdo con el funcionario, la función que debía desempeñar la Policía Municipal corresponde más bien a la Policía Comunitaria, según establece la ley institucional de la Policía Nacional publicada el cinco de febrero de este año.
La Policía Comunitaria -explicó Almeyda- está legalmente más relacionada con lo que debe ser una policía al servicio de la comunidad, vinculada a los ayuntamientos.
Basado en los argumentos precedentes, el funcionario justificó su reciente decisión de disolver las policías municipales, a las que canceló las licencias para el porte de armas de fuego, uso de uniforme y rangos.
Almeyda fue el invitado, junto al jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, al Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.
Explicó que para integrar un cuerpo policial como la misma Policía Comunitaria se debe tomar en cuenta que los agentes deben ser reclutados conforme a la ley institucional de la Policía Nacional, que establece los requisitos para ingresar a esa institución.
Destacó que a esa ley se le agregaron otros requisitos como son la prueba antidoping y someterse a una evaluación de capacidad, destreza y vocación para ser policía.
Manifestó que su planteamiento es que la Policía Comunitaria se integre conforme a la ley institucional y de acuerdo con las salas capitulares de los ayuntamientos.
Almeyda dijo que si bien la Policía Comunitaria o Municipal debe estar vinculada a los ayuntamientos, esta debe estar regida conforme a la ley por la Policía Nacional.
«No es posible que una Sala Capitular, sin ningún tipo de regulación, integre en una Policía Municipal a un grupo de gente, sin reglamentación, sin regulación, sin supervisión, sin control», expresó Almeyda.
Arguyó que la Policía Comunitaria sí existe y tiene su reglamentación y la dirige un general apellido Taveras.
POLICIA PRIVADA
En torno a las 140 empresas de guardianes privadas que hay en el país, Almeyda dijo que sus miembros, cuyo número no precisó, deben pasar a formarse en la escuela de la Policía Nacional.
Dijo que le compete al Consejo Superior Policial le compete elaborar un reglamento relativo a los guardianes privados.
Indicó que hay alrededor de ocho mil policías destinados a la protección de empresas, comercios y personas privadas y este es un mercado propio para los guardianes privados.
Dijo que Interior y Policía colaborará para que los guardianes privados eleven su eficiencia para que al mismo tiempo la Policía se vaya retirando de los servicios privados y se limite a ofrecer servicios a los dignatarios, servicio diplomáticos y las instituciones públicas.
Adelantó que la cartera que dirige certificará cuáles son las empresas de guardianes que llenan los requisitos para operar.
INCAUTACIÓN DE EQUIPOS
En cuanto a los equipos que fueron incautados a varios ayuntamientos, el secretario de Interior y Policía explicó que para adquirir esos equipos el gobierno hizo un compromiso con Eximbank por un monto de RD$2,500 millones.
Los equipos estaban destinados a un programa de desarrollo provincial, y ahora los organismos internacionales han demandado que el gobierno motorice el desarrollo partiendo de las mismas provincias y por eso a la llegada del PLD al gobierno se dispuso que los equipos fueran puestos a disposición de los Consejos Provinciales de Desarrollo, los cuales están integrados por los gobernadores, síndicos, legisladores y las demás autoridades provinciales, explicó Almeyda.
«Eso es lo que hemos hecho. No incautarle equipos a nadie, esos equipos deben estar a disposición de los Consejos Provinciales de Desarrollo, de los cuales forman parte los síndicos», sostuvo.
Tras afirmar que muchos de los equipos en cuestión estaban en manos de particulares, Almeyda dijo que un organismo colegiado obligará a todos los funcionarios a trabajar en una misma dirección.
