El informe que presenta Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en República Dominicana en el mes de mayo de este año, denuncia los ajusticiamientos policiales que son calificados como “homicidios ilegales” cuando en realidad lo que son es la imposición de la pena de muerte hacia la población pobre de nuestro país.

El jefe de la policía protestó por este informe y consideró que es falsa la realidad que plantea cuando debió iniciar un proceso investigativo para erradicar estas prácticas y no ocultar y negar una realidad presente cotidianamente.  Cuando se niegan hechos, se legitiman.

Las protestas sociales en el país están siendo reprimidas por la policía nacional a “tiro limpio” y se le ha agregado un ingrediente nuevo “los equipos especiales” que tienen mayor disposición para matar que la policía común y corriente, me imagino que eso significa que son “especiales”.

En las recientes protestas realizadas en San Francisco de Macorís murieron dos personas a manos de la policía nacional y no ha pasado nada, ni pasará nada.

Junto a la denuncia sobre los ajusticiamientos policiales Amnistía Internacional publica una acción urgente sobre la República Dominicana el 12 de mayo en la que pide a toda la sociedad el reclamo de la investigación del asesinato de Freddy Moreno el 11 de abril de este año en San Cristóbal.

Baleado por efectivos policiales en su propio hogar, lo arrastraron por el piso y lo tiraron en un vehículo para llevarlo a la Morgue del hospital de Haina y terminaron de matarlo en la misma Morgue.

Este hecho fue observado por una enfermera, familiar de la víctima que en la actualidad está siendo intimidada por efectivos policiales según el informe de Amnistía. Este es uno de los tantos hechos sangrientos que realiza la policía nacional contra la población civil y no se investiga, ni se somete a nadie. La opinión pública está muy entretenida con el juicio a los cómplices de Figueroa Agosto y la población desangrándose.

La policía puede llegar a la residencia de una persona y matarla sin mediar palabras y nadie lo investiga. La denuncia hecha pública internacionalmente por Amnistía Internacional no ha generado ninguna respuesta de las autoridades gubernamentales, ninguna investigación, ningún proceso, todo sigue igual.

Ante todos estos hechos nos preguntamos ¿Qué seguridad puede sentir la ciudadanía con un organismo que debe ofrecer seguridad y lo que provoca es terror, miedo y violación a los derechos de los ciudadanos? ¿Con quiénes cuenta la ciudadanía en este país? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en el medio de tantas violaciones, agresiones e inseguridad de la ciudadanía?