Vuelve la mula al trigo.  La Policía Nacional, como nos tiene acostumbrados, ha decidido que está por encima de la Constitución y las leyes.  En esta ocasión, la causa de su resistencia a la democracia constitucional proviene es el resultado del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.  En este se prevé la creación de una Policía Técnica Judicial, que estará encargada de llevar a cabo las investigaciones en materia penal, siempre bajo la dirección del Ministerio Público.

Esto es lo que prevé la Constitución de la República, que en su artículo 169 dice clarísimamente que le corresponde a esta institución dirigir las investigaciones penales.  A su vez, el numeral 3 del artículo 255 constitucional dice que es facultad de la Policía: “Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente” (subrayado nuestro).

La Constitución no puede ser más clara y uno mas uno son dos por más que la guardia lea al revés.  La Policía está facultada para llevar a cabo la investigación penal, siempre siguiendo las direcciones de la autoridad legal competente, y esa autoridad legal es el Ministerio Público, no otra.  No hay un solo resquicio que permita colarse la posibilidad de que la Policía Nacional dirija por sí misma las investigaciones penales.

Pero claro, si se aplica la Constitución, entonces soplarán vientos de reforma en la Policía Nacional y sabemos que eso es algo que muchos no aceptan.  Por eso se recurre –por diezmillonésima vez- al discurso del miedo, al cuco de que si los Policía no actúan sin control externo, entonces se nos va a acabar el mundo.

Pues bien, si por ineficiencia policial es, el mundo se está acabando en este país hace mucho. Y buena parte de las causas tienen que ver con la creencia de los cuerpos militares y paramilitares del Estado de que están por encima de la Constitución.  Es falsa la idea de que si se cambia lo que no funciona las cosas irán a peor.  Lo que se está intentando con la Ley Orgánica del Ministerio Público no es sólo dar cumplimiento a la Constitución, sino también organizar el sistema de persecución penal para hacerlo más eficiente y efectivo.

Los dominicanos no podemos seguir aceptando nuestra condición de rehenes a las amenazas de caos que provienen de la Policía.  Si los resultados de su labor hubieran alcanzado unos estándares mínimos, entonces la reforma no hubiera sido necesaria.  Pero además, la Policía es un cuerpo no deliberante que no puede pretender chantajear con advertencias de caos a la sociedad y los poderes civiles.  Caos tenemos ahora, y además un sistema policial de investigación en el que incontables recursos económicos y humanos caen en el saco sin fondo de la “cultura organizacional” de la Policía.

La Constitución, las leyes y las autoridades civiles están por encima de los deseos de la Policía Nacional.  Si bien esta puede opinar sobre las leyes que la afectan, jamás puede procurar seguir sirviendo de piedra de tropiezo de la reforma del sistema de justicia penal, cosa que hace desde hace quince años.  Ya está bueno.