FERNANDO PELLERANO MORILLA
Es un tanto decepcionante que, después de lanzar una campaña bajo el slogan de “Miguel es empleo”, dando a entender que la política de empleo estaría en el centro de su programa económico, a la hora de explicar su contenido encontremos importantes fallas en la sustentación de dicha política.

Comentemos la primera medida propuesta. Se pretende aumentar la demanda de empleo indirectamente, suponiendo un estimulo a la inversión mediante la reducción, tanto a las personas como a las empresas, de la tasa del Impuesto sobre la Renta al 15 por ciento. Esto es, una reducción del 40 por ciento de dicha tasa. Se ha estimado que esto liberaría recursos equivalentes a cerca de $20,000 millones a favor de los grupos de clase media y, sobretodo, de altos ingresos.

Esta propuesta, inspirada en la corriente del pensamiento económico neoliberal, se apoya en la afirmación de que la reducción de la tasa de los impuestos directos (sobre los ingresos) amplía la base del impuesto, y eleva así el nivel de recaudación. Es una idea ingenua que se sustenta en la fe más que en la evidencia empírica y el razonamiento científico.  Lo que en verdad se produce de manera inmediata con esta medida, es un fuerte debilitamiento en la equidad vertical de nuestro sistema tributario, ya de por sí recargado de impuestos indirectos (más de las tres cuartas partes de los ingresos tributarios).

En cuanto al efecto que esta medida produciría sobre la inversión, considero que sería  bastante incierto y hasta paradójico. Si bien se produciría una elevación de la tasa de beneficio y una mayor liquidez si lo vemos desde el punto de vista microeconómico, el efecto a nivel macroeconómico puede no ser el mismo.  El efecto sobre la masa total de ganancia dependerá de la demanda global, y esta última no es seguro que pueda aumentar incrementando el ingreso disponible de las clases altas, las cuales tienen una propensión marginal al consumo menor que el promedio de los individuos. El uso alternativo de dichos recursos (a lo que renunciaría el gobierno), sería el gasto gubernamental que, como sabemos, tiene un multiplicador del ingreso mayor que el de la reducción de los impuestos directos (Mankiw 2000). Entonces, el efecto macroeconómico neto podría ser una reducción de la demanda, con un aumento de la proporción de las ganancias en el ingreso nacional, pero una reducción de la ganancia total; un escenario difícilmente apropiado para el aumento de la inversión y el empleo.

El superávit fiscal que posee el sector público no financiero, de alrededor de 1 por ciento del PIB, debe utilizarse en elevar el gasto social y la inversión pública en infraestructura. Esto mejoraría la distribución del ingreso y estimularía la inversión y el empleo, en vez de traspasar ese excedente a los grupos de altos ingresos.

En mi libro Economía pública dominicana, propongo una meta para la presión fiscal (ingresos públicos entre el PIB) de 23 por ciento para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto al porcentaje del gasto social (salud, educación y seguridad social) con relación al PIB  en el año 2010. Actualmente la presión fiscal es 18 por ciento; faltarían 3 puntos porcentuales para lograr la meta en los próximos tres años. Dudo mucho que con esta propuesta de Miguel Vargas Maldonado podamos siquiera aproximarnos a esa meta.