Los apagones eléctricos en República Dominicana están documentados desde el 5 de octubre de 1867, según nos asegura el confiable historiador Franklin Franco. Tenemos entonces ciento cuarenta y un años de promesas vanas y de incumplimientos que han estado encubriendo la gran estafa que ha hecho multimillonarios a cuanto funcionario ha estado vinculado a la producción y venta de electricidad. Por el contrario, el pueblo dominicano se ha ido empobreciendo y rebajando su calidad de vida sin que a los gobernantes parezca importarle.

Imagino que ya los gobernantes deben haber descubierto que muchos dominicanos conocemos las razones por las que apagan el país: necesitan el dinero de nuestros impuestos para sus frivolidades y su enriquecimiento personal. Ese método lo han llamado, eufemísticamente, apagón financiero. Pues bien, cada minuto de apagón financiero perjudica en mucho a la economía nacional porque la población tiene que suplir por sí misma, el servicio que el Estado no ofrece.

Y si las empresas eléctricas no entregan la energía, entonces hay que poner a funcionar plantas eléctricas de emergencia que consumen inmensas cantidades de combustible caro o mantener costosos inversores de energía. Cada unidad energética producida en pequeñas cantidades por individuos o pequeñas empresas es siempre muchas veces más cara que la que debía ofrecernos las empresas eléctricas en las que el gobierno dominicano es accionista principal. Y esto hace que la economía nacional, como un todo, desperdicie enorme cantidad de recursos. Todo porque los señores que administran el Estado dominicano deciden que, para beneficio propio, no es conveniente ofrecer el servicio.

Ese fue el mismo criterio que utilizaron cuando en noviembre de 2007 los que encabezan el sector eléctrico decidieron no desfogar gradualmente las compuertas de la presa de Tavera. En aquellos momentos, bajo una tormenta interminable, se hacía evidente que el nivel del agua sobrepasaría la capacidad de embalse. Pero decidieron mantener cerradas las compuertas para acumular más agua y luego poder venderla transformada en energía eléctrica.

La ambición rompió el saco y, cuando ya el desastre era inevitable, entonces abrieron las compuertas de manera intempestiva a razón de cinco mil metros cúbicos por segundo. Como era de esperarse, esto provocó enorme cantidad de muertes aguas abajo de la presa y daños materiales tan grandes que todavía no han podido ser cuantificados. Pero eso no les importó. Nunca se encontró al responsable de esa criminal decisión.

Los apagones financieros se han convertido en institución oficial que ningún político ha querido solucionar porque allí está la gallina de los huevos de oro que asegura a los políticos de turno un futuro pleno de bienes materiales. Ahora, cuando el recrudecimiento de los apagones va más allá de lo vaticinado, los funcionarios del gobierno vuelven a repetir las promesas de solución a sabiendas de que no les interesa cumplir. Ofrecen, como fórmula mágica, un aumento de la tarifa eléctrica. Pero todos sabemos que eso sería solo una posposición del problema y, a corto plazo, un agravamiento de la crisis.

Corrupción administrativa aparte, la esencia de la crisis energética no está en la tarifa, sino en el fraude. Si se eliminara el fraude no se hablaría siquiera de aumentar la tarifa. Los mayores malversadores de la energía no son los pobres de la tierra como han tratado de hacernos creer, sino los que más dinero tienen para pagarla. Pero no se atreven a tomar el toro por los cuernos.

El gobierno sabe quiénes son los grandes consumidores de energía eléctrica que no pagan según su consumo. En esa relación predominan grandes empresarios que se consideran merecedores de ese servicio de forma gratuita por los aportes que han hecho a las campañas electorales. Muchos de los funcionarios así como importantes oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas consumen energía como si fueran industria y, cuando alguna vez la pagan, lo hacen como humildes casas de familia de Villa Juana.

Ante esta realidad que se nos presenta desnuda, continuar con la política de los apagones financieros o aumentar la tarifa eléctrica, no es más que una provocación a este pueblo que apenas pide sobrevivir en paz, aunque con dignidad. ¿Es mucho pedir reclamar paz y dignidad?