La política de vivienda social

AMPARO CHANTADA
Plantear en debate público, la necesidad de viviendas sociales para el país, es incurrir en un terreno difícil, romperse la cabeza como lo hacen los médicos, como lo hacen los maestros del país. La vivienda y la tierra van subordinadas. Las ocupaciones de terrenos urbanos o suburbanos son el producto del déficit habitacional, de la poca oferta para los sectores más pobres y de la desatención del Estado, hacia ese sector.

Eso, si tienen la ventaja de verse y para algunos, afean, pero esa es la realidad. Los asentamientos precarios ya se ubican exclusivamente en las afueras gracias a la división administrativa, estos son problemas de los otros ayuntamientos pero el resultado es que nuestras ciudades crecen ubicando poblaciones pobres y jóvenes matrimonios en sus márgenes dificultando cada vez más, las gestiones municipales.

Pensando en la historia reciente, post Trujillo, vemos que las ocupaciones de terrenos se realizaron entre 1961 y 1963, cuando Santo Domingo creció desmesuradamente, después “se propiciaron” siempre por la permanencia de una anomalía estructural en la propiedad inmobiliaria y de una ausencia total de política del Estado en torno a su patrimonio. Pobres y ricos han contribuido a un despilfarro en perjuicio de la Nación reforzado por la inexistencia de política fiscal en torno a los límites urbanos, a normativas, a las reservas inmobiliarias que grupos financieros hacen. Estas entorpecen el desarrollo urbano normal, provocando escasez artificial y encareciendo los precios de la tierra.

Cuando el Estado dominicano, en particular en las gestiones del doctor Balaguer, tuvo una política de vivienda social, los apartamentos se transformaron en botín de guerra y se distribuyeron sin atención a la urgencia o a la prioridad. Las Caobas, el Embajador, proyectos Anacaona, Guachupita, fueron construcciones del Estado, que satisficieron apetitos insaciables, entre políticos y familias, el Estado gastando recursos, sin compensar la pobreza. El resultado, desde los años 80-90, es un déficit habitacional constante, que ni las remesas, ni el sector  privado pueden absorber y niveles de pobreza que se profundizan, como si existiera una fábrica de pobres.

Desde el proyecto Invivienda (1982), ambicioso y desmesurado para su época, todos los gobiernos de turno, han continuado el modelo, como si fuera el único viable, pero este proyecto fue acaparado por la clase media, que bien podría ser atendida por el sector privado. Se han iniciado, algunos nuevos, como en Sabana Perdida, Hainamosa, Los Guaricano, a un ritmo lento y sucumbiendo a las presiones, las mismas de siempre. Después no hay más imaginación, al contrario, se añaden vicios de construcción, lentitud, proyectos que alargan todas las ciudades por ubicarse en las afueras.

En cuando a la política del cuatrienio 2000-2004, tuvo la oportunidad de realizar una justa compensación social, cuando oficializó las tierras ocupadas en el país pero desgraciadamente lo hizo con títulos que no lo son, que no constituyen ninguna garantía legal para una transacción financiera, por lo tanto no cumple el papel de monetarización que debían cumplir. En cuanto a su política de la vivienda social, contrario a lo que un periodista afirmo, no fue magnífica. Se atendió a sectores prioritarios efectivamente  pero su respuesta partió de una política de contingencia, visualizando eso si, las urgencias, dentro de la precariedad absoluta. El resultado de tal política, que no procura la capitalización de las familias pobres, sino poner “paches” fue la reparación de casas precarias, la sustitución de materiales tan frágiles como los que se sustituían, dejando, detrás la tormenta Jeanne, un paisaje de desolación y de destrucción por la vulnerabilidad. El esfuerzo fue en vano, todo debe recomenzar y las ferreterías se congratulan.

La concepción de la vivienda social, como el estricto minimum necesario, ha contribuido ha regenerar las condiciones de vulnerabilidad y de déficit habitacional en lugar de absorberlo. En cuanto al mejoramiento barrial, otra política de la Comisión Barrial, concebido como solución puramente técnica y no como un proceso social, capaz de generar cambios o provocar procesos de desarrollo local, consistió en una sencilla distribución de materiales de construcción, como los camiones de Inespre. Por esos motivos, no se nota cambios fundamentales, ni en la calidad de vida de los barrios. El resultado es visible para todos: la mayoría de las calles llenas de basura, casas y servicios en pésimas condiciones. Y por colmo, ahora Jimaní, reconstruida de madera !!!. No es excesivo decir, que la mayoría de las viviendas del país cumple a penas, con toda la precariedad, la humilde función de albergar, como si fuera un refugio pasajero que no garantiza la vida. Hablar de vivienda sostenible es pura derisión.