Arturo Martínez Moya 
El tamaño del sector público y su financiamiento, debieron ser temas dominantes en la agenda económica de la campaña electoral. Implicaba discutir cómo eliminar el déficit fiscal y poner límite máximo al endeudamiento público respecto al PIB, los riesgos que asechan las finanzas públicas, documentados por estadísticas y los informes del FMI.
En otras palabras, se debió poner sobre la mesa la reforma fiscal que evita la alternativa. Que empujados por cambios inesperados en el precio internacional del petróleo y/o del dinero, se tengan que hacer ajustes bruscos por el lado del gasto y los ingresos, que terminen aumentando la pobreza extrema.
Mi opinión. Sobre el tamaño del sector público, lo mide el indicador gastos/PIB, aumentó tres puntos porcentuales desde 2005. Actualmente compromete casi la quinta parte de lo que producimos en un año. Para saber si es o no excesivo, debe compararse con la media latinoamericana, países emergentes y desarrollados. Y proceder igual con la calidad del gasto sectorial, el índice gasto/productividad revelará dónde reducir y/o aumentar.
Definido el gasto total, lo que sigue es cómo financiarlo. La estructura impositiva actual, que es consecuencia de subidas desordenadas de impuestos, privilegia los impuestos indirectos sobre los directos. Es la razón por la que no da más, la tasa impositiva promedio supera el nivel que optimiza los ingresos, es una explicación de la falta de correspondencia entre crecimiento del PIB y recaudación fiscal.
Para financiar el gasto total sin incurrir en deuda, existen versiones como intereses particulares. Se me ocurre que la brecha entre ingresos y gastos se financie con lo producido adicionalmente por la nueva estructura impositiva. Debe sustentarse en un mayor peso relativo de impuestos directos, que cambie la fiscalidad de regresiva a progresiva y redistributiva de la riqueza anual que genera la sociedad.
Se logra si los de rentas altas aumentan su contribución al Fisco, si con el tiempo se convierten en los mayores contribuyentes. Lo que pasa necesariamente por una revisión consensuada del gasto tributario. Interpretando las estadísticas, el aumento (aclaro, se necesitan más estudios para sostener la tesis) es una explicación de la velocidad de endeudamiento público no financiero. No es casual que la deuda y el gasto tributario crecieran a la misma tasa promedio anual de 16%, la deuda de US$16,725 millones en 2008 a US$24,798.5 millones a febrero 2016, y el gasto tributario de RD$77,126.3 millones a RD$212,378.9 millones de 2008 a 2016. Equivale a 6.5% del PIB, 47.2% de los ingresos que recibirá el Fisco por impuestos, y supera en 0.85 puntos porcentuales del PIB el promedio (RD$130,431 millones) del periodo 2008-2015.
Y no es un asunto de ideología lo de aumentar la recaudación directa y reducir la indirecta, las estadísticas reportan lo que ha pasado, el dueño del capital se apoderó de la mayor parte del crecimiento económico desde 2005. Para comprobarlo, basta con revisar la evolución del salario real promedio del trabajador, se mantuvo estancado desde 1991, no obstante el aumento de la productividad.
Mi conclusión general. Para afrontar la viabilidad de las finanzas públicas, debe cambiarse la estructura impositiva. Y hacerlo lo antes posible, porque amenazan factores externos que no controlamos, me refiero al estancamiento económico e inestabilidad financiera mundial.
