Hoy 
POR LUIS H. VARGAS
La política presupuestaria de ingresos y egresos del gobierno central arroja un evidente fracaso, tal y como se puede comprobar por los resultados de la (contra) reforma impositiva aplicada a partir del 1 de octubre de 2004, según la Ley 288-04, las manipulaciones de los supuestos excedentes fiscales y la discusión atropellada de una nueva (contra) reforma tributaria.
Las modificaciones realizadas de las figuras impositivas del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales y Servicios -ITBIS- e Impuesto Selectivo al Consumo -ISC- y la creación de nuevas cargas, en especial los impuestos al cheque y las telecomunicaciones pretendían sentar las bases de ejecución de un presupuesto equilibrado para 2005, de acuerdo a las exigencias formuladas por el FMI, en calidad de requisito para refirmar un convenio Stand-by.
En tal sentido, el secretario técnico de la Presidencia no tuvo reparos en justificar públicamente la necesidad de recolectar 22 mil millones de pesos adicionales en 2005, en vista a cerrar la brecha de las cuentas del fisco, bajo el compromiso solemne de «no se crearán nuevos impuestos hasta después de las elecciones del 16 de mayo del 2006» (EC:16/11/04), Por igual, el secretario de Finanzas declaró abiertamente a la prensa que la nueva (contra)reforma de tributación se someterá al Congreso Nacional «en vez de 15 meses, serán 30 meses. Eso nos va permitir a nosotros tener más holgura en el tema…» (H: 20/05/05)
Pero una cosa es lo que se dice y otra la que se hace, pues tanto la Secretaría Técnica de la Presidencia como la Secretaría de Estado de Finanzas acaban de lanzar una febril ofensiva de elaboración al vapor de una nueva (contra)reforma impositiva fiscalista, con el membrete de «consensuada» entre poderosos patronos, altos funcionarios, algunos legisladores, determinados clérigos y autoproclamados representantes de la sociedad civil (?), es decir, una élite que apenas contribuye con poco más o menos el 11,0% de los recaudos ordinarios.
La justificación de la (contra)reforma en esta ocasión reside en el remplazo de la desaparición del recargo cambiario y desmonte arancelario por otros tipos de tasas de impuestos, a causa de la inminente aprobación del DR-NAFTA por el Congreso de Estados Unidos. En total, el Estado tendría que recargar a los cntribuyentes un fardo tributario anual de al menos 41 mil 600 millones de pesos, en virtud, por un costado, de la falta de 29 mil millones por el recargo, 3 mil 800 millones por el desmonte y 2 mil 900 millones por impuesto a cheques transados y, por el otro, la compensación por 5 mil 900 millones a empresarios afectados por dicho pacto comercial. La cifra global representa nada más y nada menos que el 5,2% del PBI, no 4,0% como cantaletea el FMI.
La orientación fiscalista de la administración de Fernández consiste primordialmente en aumentar los recaudos por medio de la subida de tasas, la ampliación de las bases y la instauración de nuevos cargos, sin atacar eficazmente la evasión y la elusión y, mucho menos, reorientar los recursos captados a la solución de la crisis económica, la desaparición de la pobreza, la oferta de mejores servicios sociales, la reconstrucción de instituciones democráticas, la realización de una reforma agraria, industrial y financiera y la preservación del ecosistema de la isla.
Un ejemplo de esta práctica inveterada de amasar más fondos fiscales se localiza en la Dirección General de Impuestos Internos -DGII-, entidad que ha montado durante meses una agresiva campaña de prensa sobre el acrecentamiento de las recaudaciones y el decrecimiento de las evasiones y elusiones fiscales, no obstante los numeritos decir lo contrario.
El incremento de la colecta de esta dependencia en 10 mil 317 millones de pesos, igual a 33,4%, en los primeros seis meses de este año, en relación a similar lapso del año anterior, obedece fundamentalmente al alza del ITBIS del 12,0% al 16,0%, la aplicación del cargo fiscal sobre los cheques y telecomunicaciones, las cobranzas irregulares, y no, en modo alguno y como debe ser, a una cruzada contra los evasores del fisco.
En adición, la DGII no se cansa de adoptar la postura sin sentido de celebrar la suba de 37,7% del número de contribuyentes declarantes del ITBIS, a pesar de que sabe que el criminal incumplimiento de las obligaciones tributarias roza el 8,0% del PBI, especialmente por evasión del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades -ISRS- o impuesto a la ganancia y el ITBIS. En cuanto al cobro de la comisión cambiaria, lo menos que se puede indicar es que la violación de la ley ha acompañado permanentemente la desidia administrativa. La violación flagrante se refiere tanto a los artículos 37 y 38 de la Constitución de la República, los cuales establecen claramente que sólo el Congreso Nacional dispone de la potestad de determinar tipos y destino de tributaciones, como al artículo 85 del Código Monetario y Financiero, aprobado el 3 de diciembre de 2003, el cual estipula diáfanamente que el recargo cambiario tendrá un plazo de término de un año.
Además, sobre la figura cambiaria arancelaria, hay que reafirmar que las autoridades electas el 16 de mayo de 2004 tenían pleno conocimiento tanto de la demanda de anulación por parte de Honduras, en el seno de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, como de la postura norteamericana, en caso de aprobaciones congresionales de Estados Unidos y República Dominicana del DR-CAFTA. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2004, «Día de los Innocentes», la Junta Monetaria del Banco Central decidió sin rubor alguno reescalar la comisión cambiaria de 10,0% a 13,0%.
Finalmente, otra muestra, de irrespeto de la ley y burla a los contribuyentes, la acaba de escenificar la Secretaría de Estado de Turismo -SET-, la cual después de desplegar una impopular propaganda de aumento de US$5,00 a cada pasaje aéreo internacional, convenció al presidente para que firmara el decreto 333-05 ordenando el cobro de US$10,00 y, más aún, convocó una reunión a representantes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, la Asociación de Líneas Aéreas y la Asociación de Aeropuertos Privados y Concesionarios para que elaboraran un proyecto de ley de formación de un fideicomiso de manejo de tales fondos en su provecho exclusivo.
Es importante señalar, sobre este tipo de carga tributaria, que hace más de seis años, el 19 de mayo de 1999, la Suprema Corte de Justicia -SCJ- dictó sentencia de nulidad del decreto 295-94, de fecha 29 de septiembre de 1994, el cual establecía la obligación de contribución fiscal a toda persona que viajara al exterior por vía aérea (BJ No.1062, p. 64).
En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos públicos, según informaciones cortadas al 31 de mayo del año en curso, hay que prestar atención a la manipulación de la tasa cambiaria, practicada por las autoridades gubernamentales con el objetivo de generar un excedente presupuestario, las tardanzas de las pagas de deuda externa, las amputaciones a las partidas salariales, sociales y de construcción y las contradicciones generadas con el FMI.
La aprobación congresional del presupuesto público, en base a una tasa de cambio de 37,5 pesos por un dólar y sin consideración de las reprogramaciones de cancelación de obligaciones denominadas en dólares con prestamistas internacionales, dio lugar a que las autoridades gubernamentales hayan pretendido manejar con discrecionalidad el excedente de fondos fiscales resultante de la contracción de la cotización del dólar por pesos verificada en el transcurso del año.
En efecto, la retabulación de menos pagas por concepto de servicio exterior en intereses y amortización de capital y subsidios al consumo de electricidad arroja un «ahorro» anual de algo más de 19 mil 100 millones de pesos, sólo si se deja a un lado el impacto de algunos precios y las demandas justas de agrupaciones sindicales y cívicas sobre ciertas partidas de gastos, tales como los saltos imparables de los precios internacionales del crudo y derivados sobre los subsidios al consumo de energía y la necesidad impostergable de represupuestar urgentes incrementos de desembolsos a salubridad pública -específicamente los referentes a las demandas justas de médicos y enfermeras-, educación básica, seguridad ciudadana, cuidado y vigilancia fronterizos, consolidación de las FFAA, asistencia social, higiene ambiental y otros. Específicamente, de enero a mayo de este año 2005, el gobierno peledeísta supuestamente obtuvo un exceso de ingresos sobre gastos de 9 mil 181 millones de pesos, el cual exhibe como trofeo de triunfo de la política de austeridad, a sabiendas de que los datos verdaderos desmienten esta información y que el FMI retarda los desembolsos como forma de castigo por las piruetas llevadas a cabo con las partidas presupuestadas.
Por ejemplo, en dichos meses, el gobierno central debió cumplir el cronograma de descuento del 18,4% de los ingresos ordinarios para saldar débitos extranjeros y no substraer el 10,1%, con la clara intención de manejar discrecionalmente la diferencia de fondos de 8,3%.
El excedente publicitado por funcionarios y técnicos gubernamentales no es más que un bulto oculto de impagos pendientes por un montante superior a 10 mil 130 millones de pesos, el cual se distribuye en servicio de adeudos internacionales y nacionales, asumiendo las restructuraciones: 6 mil 300 millones, retenciones de transferencias a los usuarios de energía eléctrica: 270 millones, provisiones no realizadas para pago de doble sueldo de fin de año: mil 560 millones y cobros indebidos de ISR a asalariados y a transacciones con tarjetas de crédito a tarjetahabientes: casi 2 mil millones.
Por consiguiente, en vez de hablar de exceso, el gobierno tiene que asentar más bien un déficit presupuestal de poco menos de 949 millones de pesos en los primeros 152 días del año, cuya dinámica tendencialmente creciente pone en tela de juicio el propósito de alcanzar un déficit de 0,7% en el sistema público no financiero, dado que las ráfagas de los meteóricos precios de los combustibles fósiles y los enconos de las masas populares por el desempleo, hambre e inseguridad amenazan con barrer esta condicionalidad fondomonetarista.
Estas diferencias de cálculo han dado lugar a que el FMI dictara orden al gobierno central de que pagara impagas atrasadas y sometiera un proyecto de ley suplementario al Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de 2005 a las cámaras congresionales, en procura de prohibir el manejo discrecional de los excedentes presupuestales al presidente de la República y asegurar que el superavit primario (ingresos menos gastos sin intereses).se destine exclusivamente a honorar obligaciones financieras.
Pero mientras el gobierno central no paga con pesos todos sus pasivos vencidos externos, el Banco Central se dedica a vender títulos de inversión, con la finalidad de esterilizar pesos faltantes de las pagas en dólares, según la tasa de cambio vigente. Por ejemplo, en el primer cuarto del año, el gobierno erogó 3 mil 294 millones de pesos como pago de intereses y capital, en lugar de los 4 mil 900 millones ó 168,1 millones de dólares liquidados por el Banco Central. De ahí que este instituto de emisión interviniera a través de la esterilización de este diferencial de mil 606 millones de pesos, con base a la colocación de valores en el mercado abierto, sobre todo si se toma en en cuenta la monetización ya originada por las transferencia netas positivas de 78,9 millones de dólares (desembolsos menos servicio de deuda).
El deseo gubernamental de Fernández de que el FMI instalara una manguera de oxígeno, en vista a que los capitales transnacionales soplaran mil 173 millones de dólares en empréstitos y donaciones a la ahogada economía dominicana en recesión e este año, se ha transformado en dolor, en razón de que ese organismo no cesa de clavar sus comillos sobre el pescuezo del presupuesto nacional para chupar la sangre de la renta nacional.
El presidente olvidó que el vampiro fondomonetarista sólo entra al obscuro Palacio Nacional si el gobierno paga más dólares a los acreedores que los dólares rembolsados. Por este motivo, el FMI presiona también al Congreso Nacional para que sancione en poco tiempo una nueva (contra)reforma de recaudos, sin importarle un bledo que empinará los niveles de pobreza y hundirá más al país en el fango de la violencia.
Con la (contra)reforma se busca claramente que los costos de la apertura comercial exterior y obligaciones financieras internacionales recaigan sobre los bolsillos de los asalariados, campesinos, pequeños y medianos empresarios y los trabajadores residentes en el exterior y no, en modo alguno, sobre los grandes capitales foráneos y nativos, los evasores y privilegiados del fisco, y los corruptos y delincuentes que han desfalcado las bóvedas estatales y expoliado el patrimonio nacional.
En estos instantes, el gobierno del PLD se encuentra en una encrucijada: o continúa con la aplicación de las políticas deflacionistas, con sobreendeudamiento exterior e interior y reparto súperinjusto del ingreso nacional y gubernamental, ó, por lo contrario, promueve una política de superación virtuosa de la crisis mediante reformas nacionales del Estado y la economía y adopción de medidas concretas, en particular la devaluación del peso, el ataque definitivo a la evasión fiscal, la lucha tenaz contra la corrupción, la suba de los salarios, la mejoría de los servicios sociales, la preservación del ambiente y la gestación de un movimiento nacional pro-reforma de la Constitución, a fines de convocar una asamblea constituyente que contribuya realmente a la fundación de una república democrática. El discurso presidencial, del 16 de agosto del mes entrante, redefinirá el camino a recorrer y la apuesta de perder las elecciones del 15 de mayo de 2006 y 15 de mayo de 2008.
