POR CLAUDIO CABRERA
Pasados los estertores de la campaña electoral de medio término, la agenda social del gobierno bajo la actual coyuntura presenta el más importante desafío ante la necesidad de urgentes ingresos fiscales con los cuales concretar las políticas de lucha contra la pobreza que mejoren las condiciones de vida de la población menos favorecida y extender los servicios sociales.

Pero de inmediato, para los economistas y los propios funcionarios vinculados al planeamiento económico, surge la gran interrogante: ¿De dónde obtener más fondos para sufragar una cartera social en crecimiento, cuya responsabilidad resulta improrrogable para un gobierno que se ha comprometido en un vasto programa de lucha contra el estancamiento económico y la creciente pauperización resultante de una crisis cuyas huellas se observan aún en el camino?

Encaminados hacia ese propósito, las autoridades obtuvieron el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obtención de una asesoría destinada a desarrollar un estudio que permita a las autoridades disponer de un más amplio enfoque sobre la realidad del sistema tributario dominicano, a fines de efectuar una reforma más amplia y sostenible.

Uno de los objetivos más destacables de este proyecto plantea evitar que el gobierno se vea en la necesidad de hacer reajustes fiscales periódicos para llenar huecos ante la falta de flujos adecuados de ingresos, convirtiendo estos mecanismos en herramientas más equitativas, diligentes y efectivas para la recaudación.

Camino a más recursos

Preocupados por las necesidades de cubrir mayores gastos sociales, los diseñadores de la política fiscal del gobierno se plantean ahora sobre la conveniencia de efectuar una nueva reforma, en función de si existen o no condiciones para efectuarla y en momentos en que la economía del país se halla sitiada por un creciente choque externo que tiene como principal dispositivo los altos precios del petróleo y derivados en los mercados internacionales que se sitúan por encima de los US$70 el barril.

“Hay que considerar que también debemos tomar en cuenta que estamos efectuando un programa de condicionalidades acordado mutuamente con el Fondo Monetario Internacional, el cual no nos permite sobrepasar el marco de la política del gasto público ni variar la política monetaria para apuntalarlo, tomando en cuenta la frágil situación en que se encontró el país desde el 2003 y que el gobierno ha tenido que resolver para poner la casa en orden y revigorizar la economía”, expresa un vocero económico sobre el particular.

Manifiesta que el tema será objeto de debates dentro del contexto del equipo económico gubernamental para las próximas semanas, en vista de que los recursos de que disponen las autoridades aún después de haber efectuado la última reorganización fiscal no son suficientes para dar una mayor y más efectiva cobertura en el área social.

Adicionalmente, para este año 2006 el gobierno ha tenido que destinar un monto de US$877.8 millones para atender el programa de cobertura del servicio de la deuda externa, lo cual constituye en este año un monto sin precedentes en la historia, al consumir más de un 50% del gasto presupuestado del gobierno para estos fines.

El gobierno se encuentra ante la disyuntiva de explorar los mecanismos existentes de recaudación, bien para ampliar su cobertura, ver la posibilidad de añadir otros o, en último término, apuntalar los ya existentes, lo cual podría incluir una combinación de políticas tributarias.

De inmediato, quienes consideran innecesario emprender una profunda reforma tributaria dentro del gobierno, consideran que hay ahora disponibles dos formas para realizarlo.

Una de ellas consiste en la posibilidad de cambiar la base del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS) para incluir nuevos renglones que no están contemplados como sujeto de tributo dentro del contexto de este renglón recaudatorio, y el otro reside en poder mejorar aún más la efectividad recaudatoria de este y otros impuestos en los que todavía se detectan niveles importantes de evasión fiscal.

“Esta situación implica que el gobierno debe mantener ciertos ajustes en la economía por la vía del gasto, hasta tanto no se amplíen las bases del ITBIS o se apuntalen las recaudaciones para evitar más evasión”.

El enfoque para dotar de mejores ingresos al gobierno implica uno mejor de las políticas hacia favorecer el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por vía del ITBIS, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria y otros. 

En el contexto de la nueva situación fiscal, las autoridades precisan de mejorar la efectividad recaudadora en vista de las crecientes necesidades gubernamentales para disponer de liquidez con la cual cubrir un amplio programa de gastos públicos que, según el diseño del programa de gobierno, debe estar dirigido en una gran proporción hacia la mejoría de los servicios sociales.

Deuda que empobrece
En el 2005, la deuda externa representó un gasto total de US$912.0 millones al país, mientras al 2006 alcanza a los US$877.8 millones.

Dentro de este contexto, preocupa a las autoridades y a todo el país el creciente aumento en los gastos para importaciones de petróleo, lo cual obliga a incrementar las disponibilidades de recursos para cubrir subsidios a la energía eléctrica, al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y para otros fines, lo cual introduce elementos de distorsión en las políticas económicas, fiscales y monetarias del gobierno y las autoridades.

A pesar de la constante preocupación por incrementar los ingresos y cumplir con el programa social, un factor que destaca y sobresale dentro del contexto lo es la disposición del gobierno a mantener la economía bajo control, tanto en lo referente a los gastos como al manejo de los agregados monetarios, con el fin de evitar situaciones inflacionarias.

Con ello se busca situar la moneda dominicana dentro de un contexto fuera del ámbito devaluatorio y permitir que las cotizaciones de las divisas se sigan fortaleciendo en un marco de estabilidad cambiaria y monetaria, sin que se afecten los costos de las empresas privadas.