Otra vez la prensa dominicana ha tenido que salir a defenderse de zarandeos legales que enmascaran unos afanes por limitar su trabajo, aunque se proclame que no se busca trazar fronteras a su compromiso de informar y orientar a la opinión pública. La intención no es nueva, hay que decirlo en justicia. Es el rebrote de intentos que vienen desde los días tempranos posteriores al ajusticiamiento del tirano Trujillo. No es casual que tengamos un rosario de maltratos físicos y atentados contra reporteros, corresponsales, ejecutivos de medios y hasta las instalaciones mismas de periódicos y revistas. Ahí están las hemerotecas para hacer las verificaciones y la obra del periodista investigador Oscar López Reyes, “Crímenes contra la prensa. Atentados y censuras en República Dominicana 1844-2007”.

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En la República Dominicana, como en muchos otros países, la prensa ha desempeñado un papel de primer orden a favor de las libertades públicas, a favor de la organización de la sociedad dentro de estructuras que favorezcan la democracia y el respeto a los derechos inherentes al ser humano; a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción en sus diversas manifestaciones; a favor de la pluralidad de partidos y de ideas, a favor de la justa redistribución de las riquezas, a favor de la redistribución del poder social y a favor del respeto a los distintos grupos étnicos, religiosos, políticos, etcétera.

En la experiencia dominicana también debe observarse que en ocasiones la prensa ha tenido que desempeñar el extraño rol de reclamar institucionalidad y recordar los principios que norman la vida en democracia. Lo hemos hecho porque tenemos la convicción de que los medios estamos llamado a ser guardianes del bien y propiciadores de ambientes abiertos, plurales, justos y pedagógicos. Estas son algunas de las razones por las cuales la prensa dominicana ha enfrentado, históricamente, obstáculos de diversas dimensiones y vestiduras.

Pero nada debe arredrarnos, sino fortalecernos, ampararnos en la ley, en nuestra tradición de integridad y de respeto a las normas democráticas. No podemos renunciar a nuestra naturaleza de contrapeso del poder.