El fenómeno de la corrupción constituye un desafío que vulnera la democracia y el estado de derecho, que genera miseria, desigualdad y falta de oportunidades para los ciudadanos.
Para concebir la dimensión y alcance de “estado de derecho” es preciso afirmar que este “se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, el estado derechos exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y legal” (Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, 2004).
Además, debemos verificar el efecto nocivo que la corrupción tiene sobre la economía, según lo indicado por el Banco Mundial en 2004: «la corrupción es… el único y mayor obstáculo para el desarrollo económico y social». La corrupción socava el desarrollo al distorsionar el estado de derecho y debilitar los cimientos institucionales de los que depende el crecimiento económico. Los efectos perniciosos de la corrupción son especialmente graves para los más pobres del mundo, quienes dependen más de la prestación de servicios públicos y son menos capaces de pagar los costos adicionales asociados al fraude y la corrupción».
La Convención Interamericana contra la Corrupción es una poderosa herramienta que propicia la cooperación internacional y fortalece el sistema interamericano en la lucha contra la corrupción, lo que evidencia una oportunidad para cumplir con los propósitos de la convención, de prevenir, detectar, sancionar y erradicar este flagelo.
Es necesario considerar esta convención y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la misma (MESICIC) de la OEA, dentro del contexto de los esfuerzos para llevar a cabo una reforma del Estado que promueva la consolidación y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, y subsanar los bajo niveles de transparencia de nuestras instituciones públicas y privadas. De esta forma contribuiríamos a fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana con los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, lo que propiciaría la gobernanza y el buen gobierno.
El marco legal anticorrupción dominicano incluye en el artículo 146 de nuestra Constitución un avanzado régimen legal que estipula la Proscripción de la Corrupción, en la que “se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”, y sanciona 1) la sustracción de fondos públicos, para sí o para provecho económico de terceros; 2) quien proporciona ventajas a asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 3) obliga a los funcionarios públicos a presentar declaración jurada de sus bienes, a quienes corresponde siempre probar el origen de los mismos antes y después de finalizar sus funciones; 4) la aplicación de la pena de degradación cívica y la restitución de lo apropiado de manera ilícita a las personas condenadas por delitos de corrupción; 5) y la posibilidad de incorporar mediante ley plazos de prescripción de mayor duración a los ordinarios para este tipo de crímenes y beneficios procesales restrictivos.
Estrategia Anticorrupción: La lucha anticorrupción debe ser vista como un compromiso ineludible del Estado y la sociedad, en ese sentido, el combate a esta epidemia debe estar configurada en los siguientes aspectos: 1) Prevención; 2) Penalización y/o Criminalización; 3) Participación de la Ciudadanía; 4) Cooperación Internacional; 5) Recuperación de activos; y 6) y Transparencia.
Para poder fortalecer la institucionalidad, prevenir y luchar contra la corrupción en República Dominicana es necesario que todos los sectores de la sociedad civil, los partidos políticos y legisladores estén enfocados en el estímulo de la Transparencia a través de mecanismos que integren estos sectores. Es por esto que, referimos que para poder logar esa anhelada institucionalidad, es imprescindible la integración de los sectores antes mencionados, y esto lo lograríamos a través de un pacto que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión