En todo proceso de desarrollo de un movimiento de cambio o de protesta contra un determinado estado de cosas, surgen diferentes ideas, actitudes y posiciones sobre el carácter y/o finalidad de dicho movimiento. Es lo que sucede en el que actualmente se lleva a cabo en el país, con las manifestaciones de incuestionable compromiso político y social de muchos,  frente al sectarismo  y apoliticismo de otros.

El éxito o fracaso de este movimiento dependerá de cómo logre desarrollar sus potencialidades y cómo logre reducir a la más mínima expresión los elementos disgregadores que lleva consigo todo proceso de cambio. Las posibilidades de cambio de un régimen político descansan en la capacidad que tenga el movimiento que lo impulsa de articular el discurso de condena moral con que se inicia, con un discurso político que recoja las demandas de toda la población.

Independientemente de su potencialidad, el actual movimiento de protesta  está en su etapa contestataria. Para constituirse  en movimiento social debe tener la capacidad de unir la gente en torno a objetivos colectivos con perspectivas de constituirse en una fuerza que produzca un cambio de régimen o del sistema, como pudo haber sido en la Francia del 68 o como fue en Polonia con Solidaridad, en Bolivia con MAS y los particulares casos de Lula en Brasil y su movimiento gremial/sindical y del mismo Chávez en Venezuela.

Los cito como experiencias, no como modelos a imitar, pues toda sociedad debería hacer su propia experiencia. Pero, está claro que ninguna sociedad cambia para bien si el movimiento que pretende producir un cambio se mantiene en el estrecho marco “social corporativo” y no se enrumba por los senderos de la política, no necesariamente con o contra uno o varios partidos existentes (los ejemplo citados lo demuestran) pero sí reflexionando sobre el tipo de hegemonía política que existía en esos países y sobre el que existe en el nuestro.

El presente gobierno se sustenta en una hegemonía de esencia clientelar cada vez más estructurada, ahora relanzada con una política social basada en las recetas de Hernando De Soto para producir la llamada “revolución invisible”: énfasis en “formalizar” la informalidad a través del incremento de microcréditos a micro empresarios informales, soluciones puntuales a problemas identificados en determinados lugares que afectan dramáticamente a poblaciones vulnerables, títulos de propiedad a ocupantes de suelo y mejoras irregulares etc.

Esa estrategia de hegemonía fue diseñada por el equipo del Medina candidato. Ahora presidente, este la entiende más pertinente, sobre todo por la “rebelión” de un significativo segmento de unas capas medias que antes se sentían cómodas con los gobiernos del PLD.  Esa estrategia solo puede ser detenida con un movimiento que asuma un  discurso y una práctica con posibilidades de integrar las demandas contra la impunidad, con los intereses de los excluidos y de los trabajadores asalariados, muchos de ellos sin derecho a libre sindicalización.

Al tiempo de apostar por reformas electorales y políticas que garanticen una representación más plural en el Congreso, en los gobiernos locales y en la vida de los partidos. Sin corporativismo de ningún tipo, dándole primacía a la política, pero sin prejuicios ni exclusiones  antojadizas.