(En ocasión del 100 aniversario de la desocupación de 1924 y del 59 de la ocupación de 1965) 3/3

La carta del capitán William G. Temple, comandante del navío “Tennesse”, al ex senador Benjamín F. Wade, presidente de los Comisionados enviados por el Senado estadounidense a la República Dominicana, en 1871, durante las discusiones del proyecto de anexión de nuestro país a los Estados Unidos, fue una prueba más de la importante intervención militar de ese gobierno en territorio dominicano. La carta estaba fechada el 24 de febrero (1971), y su destino era Azua, donde se encontraba el comisionado Wade.

Así comienza el texto:

“Mi querido senador: Tengo conocimiento de que varias personas agregadas a la expedición se disponen a partir mañana por la vía terrestre para la ciudad de Puerto Príncipe. Esas personas no han pensado que al actuar de ese modo van a jugar el papel de espías (si son apresadas por soldados de Cabral); (…) pues esas personas son ciudadanos de un país que, a consecuencia de las instrucciones del Poder Ejecutivo dadas a los buques de guerra estacionados aquí, ha intervenido en las querellas intestinas de la República Dominicana”.

La publicación de la misiva en The New York Times provocó un escándalo en los Estados Unidos. El secretario George N. Robeson tuvo que hacer aclaraciones. Aunque no se cita esa parte, en la carta suya copiada antes, hace referencia al incidente. El 28 de agosto (1870), el capitán de corbeta R. S. McCook, del “Nantasket”, informaba desde Samaná al teniente W.D. Allen, del “Suvatara”, sus noticias de que el general José Marìa Cabral había recibido hombres y dinero de Haití, y ofrece datos sobre las fuerzas patrióticas que operan en los alrededores de Dajabón. Solo destacamos las líneas siguientes de su despacho: “Es imposible que navíos le inflijan ninguna pérdida a Cabral”.

Eso revela que los buques estaban en actitud –y naturalmente autorizados- para disparar. En efecto, era difícil infligir bajas a los revolucionarios, pues generalmente usaban el método de guerra de guerrillas, de atacar por sorpresa. Al referirse a la ciudad de Moca, T. F. Crane, ayudante de los Comisionados, en un informe dice que “por su proximidad a la ciudad de Santiago y a la costa, también ha sufrido mucho tanto de la invasión como de la guerra civil”.

La intervención militar de esos años no se circunscribió al plano militar. Las reglas de juego de las relaciones internacionales fueron ignoradas, tanto entre los funcionarios del gobierno dominicano como el norteamericano. Según nuestras noticias, por primera vez un presidente de los Estados Unidos llevaba a cabo una política de agresión exterior, no sólo a espaldas, sino en contra de las decisiones del Congreso y del secretario de Estado. El presidente Ulises Grant y el secretario de Marina dirigían personalmente la política de exterior frente al caso dominicano, y le ocultaban al secretario Fish la dimensión de la presencia naval en sus aguas.

Cuando el Congreso se negaba a adelantar fondos para el presidente Buenaventura Báez, Grant hacia gestiones para conseguirlos con sus amigos empresarios. A juzgar por sus correspondencias e informes, los comandantes en funciones militares en el exterior realizaban una labor diplomático-política más efectiva que los enviados consulares.

En Washington, Joseph Warren Fabens escribía cartas y hablaba a nombre de nuestro país sin que el gobierno dominicano lo hubiera autorizado. Luego informaba de ello diciendo: “Confío en que esta medida merecerá la aprobación de su Gobierno”. En realidad, se trataba de reciprocidades, pues Báez de acuerdo con los comandantes norteamericanos en la zona, utilizaba a discreción los buques de guerra en sus desplazamientos hacia los escenarios de los combates.

Los efectos de la intervención militar de 1869-71 debieron ser más contundentes que en la sociedad dominicana de 1916-24 y 1965-66.