LEANDRO GUZMÁN
Los inversionistas, sean franceses o de otra nacionalidad, tienen derecho a invertir en las áreas que les plazca, siempre que se ajusten a las leyes del país que hayan escogido para sus negocios.

El anuncio de que empresarios franceses han presentado al Gobierno Dominicano una oferta para construir cuatro hoteles de lujo en el Suroeste, específicamente en la hermosa costa de Bahía de las Águilas, ha creado un intenso debate en el que participan, con opiniones encontradas, dos funcionarios del Gobierno. El secretario de Turismo da la inversión como un hecho, mientras su colega de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirma que no ha recibido ninguna propuesta de los franceses, que tampoco han retirado los términos de referencia para los estudios ambientales requeridos, mucho menos se han interesado en saber que esa zona, que pertenece al Parque Nacional Jaragua, es un área protegida cuya fragilidad no permite construcciones como la proyectada.

Otras voces sugieren construir esos hoteles en la misma playa, pero cerca de Pedernales, con las mismas características de Bahía de las Águilas.

La propuesta es interesante, porque de ese modo no se afectaría el área protegida, al tiempo que se crearían los empleos que tanto necesita el depauperado Suroeste. Hace muchos años que la región Sur, sobre todo el llamado Sur Profundo, espera la construcción de una importantísima obra que no sólo va a garantizar el riego en una zona de influencia de más de 400,000 tareas, sino que también va a controlar las grandes avenidas que se producen en los períodos ciclónicos en el río Yaque del Sur, que tantos daños millonarios han ocasionado en el pasado.

Estamos hablando de la presa de Monte Grande, con un costo aproximado de 250 millones de dólares, que además va a garantizar el suministro de agua para la agricultura y agua potable sin bombeo, a toda la región Sur, incluyendo a Barahona.

No sabemos por qué esa obra no se ha iniciado, cuando hay organismos internacionales y otras fuentes que han ofrecido financiamiento a términos blandos, con cuatro años de gracia que es el período de construcción- y diez años para pagarla. Se trata de una obra que, por decirlo así, se paga sola, porque los estudios de factibilidad así lo han determinado.

Independientemente de que hayan otras obras de desarrollo, por ejemplo infraestructuras turísticas que no afecten el entorno, ni en el presente ni en el futuro, el desarrollo del Sur tiene su mayor fundamento en el desarrollo agrícola. Como se puede apreciar, la prioridad número uno del Suroeste es el agua para la agricultura y los acueductos, lo que no excluye la posibilidad de inversiones en otras áreas.

En vista del interés por las inversiones de capital en el Suroeste, el Gobierno tiene ante sí la gran oportunidad de tratar de convencer a los capitalistas extranjeros para que inviertan en obras que, además de hoteles donde no se viole la ley, contribuyan al aspirado desarrollo agrícola que tanto anhelan los habitantes de dicha región.

La experiencia que hemos tenido es que siempre ha habido inversionistas interesados en la explotación agrícola. Sólo basta recordar la Grenada Company en Montecristi y la Nebraska en amplias zonas del sur, una con la producción de guineos y la otra de melones, que a pesar de tener grandes beneficios decidieron abandonar el país por la presión sindical radicalizada, que después tuvo que lamentarlo, pues se perdieron miles de empleos.

En vista de la situación económica que se vive en el país, donde se han perdido millares de puestos de trabajo, urge que los poderes del Estado faciliten las inversiones en el campo, aunque sea necesario aprobar nuevas leyes que permitan otorgar concesiones en infraestructuras de riego, tal como se ha hecho con algunas carreteras y en la minería, que incluye la búsqueda de petróleo.

En una palabra, desarrollo sostenido sin afectar las áreas neurálgicas del país.