FERNANDO RODRÍGUEZ C. 
FERNANDO RODRIGUEZ C.
La potestad de los jueces de la instrucción actuantes en cualquier caso bajo su jurisdicción para mantener en prisión preventiva o no a los acusados por el Ministerio Público de ilícitos penales, ha suscitado un debate de gran magnitud entre los actores de la justicia y los medios de comunicación que en el caso específico del expediente denominado Camaleón encabezado por Jochy Gómez, Hugo Beras y Pedro Padovani, acaban de autorizar que una medida de prisión preventiva por 18 meses sea cambiada, en la primera apelación ante la Corte, por prisión domiciliaria, impedimento de salida del país, pago de fianza y presentación periódica ante el juez apoderado del caso.
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Independientemente de la responsabilidad penal o inocencia del grupo acusado de operar un contrato ilegal y fraudulento contra el Estado por 1,317 millones de pesos para controlar el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, lo cierto es que llama la atención la celeridad con que se obtuvo el cambio de medida judicial y las enardecidas voces de reconocidos comunicadores que debieran aprovechar para extender esa preocupación e iniciar una jornada de lucha a favor de los miles de humildes ciudadanos que guardan prisión preventiva en nuestras cárceles por causas de mucho menos envergadura y sin tener antecedentes penales.
