Por: Jorge Ulloa

La educación es un derecho humano con una capacidad transformadora única, en especial para sociedades marcadas por profundas fisuras de desigualdades. Un sistema educativo público basado en los criterios de universalidad, gratuidad y calidad constituye una de las herramientas democratizadoras más profundas con las que puede contar una sociedad. Se trata de brindar el margen de acción para que los individuos puedan autodeterminarse. Mientras el sistema económico produce y reproduce desigualdades, la educación distribuye oportunidades. Sin embargo, cuando la educación pasa de ser un derecho a concebirse y convertirse en una mercancía, esta pasa a fomentar las desigualdades y la exclusión social. Es por tal razón que la privatización de la educación supone el riesgo de agudizar desigualdades existentes y constituye una amenaza para la lucha a favor de una democracia verdaderamente incluyente.

Con la llegada del modelo neoliberal a América Latina, hacia el final del siglo pasado, se recomendaron e implementaron un conjunto de privatizaciones de servicios públicos con la excusa de resolver los problemas de ineficiencia tradicionalmente asociados a la gestión pública. De esta manera, tuvieron lugar procesos de venta y traspaso de empresas estatales hasta la cesión de la gestión de infraestructuras y servicios como electricidad a entidades privadas. El balance de estas políticas en muchos casos no solo no resolvió los problemas iniciales, sino que redujo el acceso de estos servicios a quienes no pudieran pagarlos.

En lo que respecta a servicios que son al mismo tiempo derechos, como salud o educación, la baja inversión que ha dedicado históricamente el Estado dominicano, ha determinado su deficiente calidad, lo cual ha incentivado la conformación de sistemas privados paralelos. Nuestro país durante las décadas ochentas y noventas experimentó lo que sería una privatización por defecto, donde la mala calidad educativa y la baja cobertura del sistema público creó una importante demanda de educación pre-universitaria. En consecuencia, aumentó la proporción del estudiantado que asistía a centros privados, incluyendo familias en situación de pobreza para las cuales significaba un gran sacrificio económico.

En ese sentido, América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor porcentaje de estudiantes del nivel primario que asisten a colegios privados, con un promedio de aproximadamente 30%, el doble del promedio mundial, mientras que República Dominicana se ubica en un 23.2%.[1] Sin embargo, el fenómeno de la privatización de la enseñanza no se caracteriza solo por un aumento del número de estudiantes en instituciones privadas, esta puede asumir formas variadas, a veces demasiado sutiles para advertirlas.

La distinción entre procesos de privatización exógena (de la educación pública) y endógena (en la educación pública) ayudan a identificar la ocurrencia de la privatización. En la privatización exógena el sector público abre espacios para el lucro privado a través de varias modalidades, que van desde convertir la educación pública en un campo para el logro de beneficios económicos privados o facilitar la oferta de educación del sector privado con subvención pública. Por su parte, la endógena implica introducir la lógica y los objetivos de la educación de mercado dentro de las escuelas. De esta forma la educación se convierte en una mercancía y deja de ser un derecho. Por tanto, la privatización puede tener lugar mientras se preservan nominal y formalmente el carácter aparentemente público de las instituciones escolares.

Los procesos de privatización no ocurren espontáneamente, requieren ser impulsados por intereses particulares que resultan lucrados con la comercialización de la educación. Estos intereses para ser promovidos se articulan en modelos, discursos y entramados que se replican a nivel regional. Finalmente, para que puedan tener lugar, necesitan ganar influencia y capacidad de determinación en los espacios donde toman forma las políticas públicas educativas.

*Esta serie de artículos se desprende de un estudio exploratorio sobre los procesos actuales de privatización de la educación en los niveles de primaria y secundaria y su impacto sobre las desigualdades realizado por el autor y Oxfam. Ver informe nacional e informe global.