En septiembre del 1994, cuando el presidente Bill Clinton decidió aprobar el retorno de Jean Bertrand Arístide a Haití, fui designado por el Departamento de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coordinador de Haití y contacto principal, para todo lo concerniente a ese país.

De inmediato organizamos una misión con el equipo del país cuyo objetivo fue primero convocar una reunión con la comunidad internacional y segundo, cuyo objetivo era preparar el Proyecto de emergencia y reactivación económica, por un monto de US$60 millones.

Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de crear una unidad ejecutora llamada la Unidad Central de Gestión, dirigida por el Dr. Paul Latortue y aprobar otros proyectos denominados Fondo de Inversión social por un monto de US$35 millones y el Proyecto de mantenimiento y rehabilitación de las carreteras número 1, 2 y 3, por un monto de US$70 millones.

Al crear el BID esa unidad ejecutora y en ausencia de una similar del Banco Mundial, consideramos útil que el BID administrara el Proyecto del Banco Mundial por un monto de US$50 millones, esto así debido a la necesidad de coordinar la ejecución de ambas operaciones a fin de evitar duplicaciones.

Desde entonces, se creó una alianza entre ambas instituciones, cuyo impacto fue positivo porque obligó a la comunidad internacional llevar a cabo los mismos principios de unidad y coordinación, aunque continuó operando en forma tradicional.

La comunidad internacional debe tener presente que nuestro país no cuenta con los recursos necesarios que permitan una contribución sostenible para Haití y en ese sentido hace imposible llevar a cabo un Plan de Contingencia.

Para ponerlo en práctica, debemos tener en cuenta que si en Haití se crea una desestabilización provocada por disturbios callejeros, como afirman los analistas haitianos, lo más importante sería el cierre de la frontera, ya que durante el período del 1982-84 en nuestro país hubo disturbios en los que perdieron la vida más de un millar de ciudadanos dominicanos y ni el INMRD ni la OIM hicieron nada con el propósito de formular un Plan de Contingencia para flujos masivos de inmigrantes o mejor dicho de refugiados, que pudiera haber sido establecidos en Haití.

Este país lo que necesita es que la comunidad internacional financie proyectos específicos en el área de educación actualmente privada. Otros proyectos que podrían materializarse son hospitales en Puerto Príncipe, Jacmel y Cabo Haitiano, y alcantarillado, agua potable, medio ambiente y reforestación, creación y mantenimiento del registro civil, fortalecimiento de las instituciones claves como Finanzas, Agricultura, Banco Central, la Court de Compte (Cámara de Cuentas) y el Parlamento.

Del mismo modo, se debe lograr financiamiento para crear y sostener las pequeñas y medianas empresas.

En nuestra opinión, el Gobierno dominicano tiene que pronunciarse con respecto a los intentos de ejecutar el Plan de Contingencia, dado que si se sigue con esos propósitos puede provocar que se generen serios disturbios en nuestro territorio. Esto así, porque la población no está dispuesta a permitir un acto de esta naturaleza. Hemos llegado a un punto donde no se puede andar con ambigüedades.

Haití enfrenta un grave problema de falta de gasolina. Al mismo tiempo, l’Electricité d’Haiti no tiene capacidad para satisfacer la demanda. Apenas pueden alimentar en forma normal ciertos barrios de la región metropolitana, particularmente Petión Ville donde viven los más acomodados.

Esta situación también afecta a las empresas privadas que deben sostener el crecimiento económico. La mayoría de dichas empresas no tienen acceso al carburante que les permita encender sus generadoras. El sector de transporte tiene la misma situación.

Para algunos analistas, lo que más afecta el crecimiento económico es la situación política. La fecha del 7 de febrero 2021 concentra toda la atención, ya que la misma crea malestares y miedo.

En todo el país, la oposición ha anunciado manifestaciones callejeras, haciendo referencia al artículo 134-2 de la Constitución haitiana, para establecer su posición sobre el mandato presidencial del Presidente Jovenel Moïse el próximo 7 de febrero.

Por otra parte, el proceso electoral establecido por la Presidencia, para realizar las elecciones, enfrenta a la oposición que exige la salida del poder del presidente Moïse de ahora a tres semanas.

Haití siempre ha vivido con cierta violencia esporádica, sus dirigentes de los sucesivos gobiernos no han cumplido con las espectativas del pueblo haitiano debido a la corrupción que ha sido un factor importante y nunca se ha aplicado el debido proceso que permita juzgar a los corruptos.

El pueblo haitiano vive con la amargura de observar cómo países cercanos logran obtener crecimiento y desarrollo económico incipiente, mientras en Haití se mantiene un letargo económico y social.

En conclusión, el Gobierno elegido en las próximas elecciones debería explorar la posibilidad de lograr que el Gobierno de Joe Biden permita que Haiti pueda conseguir ayuda por medio de la Ley Pública 480 correspondiente a los excedentes de la producción de granos en los Estados Unidos.