A partir de la Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, se desarrolla en la República Dominicana un proyecto inmobiliario llamado “Ciudad Juan Bosch”. El fideicomiso está basado en una relación de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario (Estado/sector inmobiliario privado) mediante la cual el sector inmobiliario (en este caso) administra (de manera transparente … lo veremos) los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el fideicomitente (los fondos de pensiones de los obreros/empleados dominicanos). El primer fideicomiso latinoamericano se recogió en la legislación de Panamá en el año 1925 y después en Latinoamérica en México, Argentina, Chile y Colombia.

¿Existen riesgos en operaciones de fideicomisos? Seguro, se requiere de auditoría popular; no pensamos que existe en este caso.

La Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, establece la figura del fideicomiso como mecanismo para la captación de fondos que pueden ser invertidos en proyectos de construcción de viviendas económicas, que no superen los RD$2 millones como valor (eso es, clase media, empleados públicos o privados). Esta iniciativa facilitará el uso o inversión de los fondos de pensiones en proyectos inmobiliarios de impacto social por estar dirigidos a sectores de clase media, es decir, a los propios trabajadores.

El procedimiento es que una empresa constructora puede identificar terrenos y diseñar un proyecto inmobiliario con factibilidad y potencial de venta. Una vez se determina la factibilidad del proyecto, el fideicomiso procura la adquisición de fondos a través de la emisión de papeles comerciales, los cuales pueden ser adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), siempre que el fideicomiso sea evaluado y cumpla con las exigencias de la Comisión Clasificadora de Inversiones de los Fondos de Pensiones, un organismo que opera en la Superintendencia de Pensiones y que está representado por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la propia Sipen y una representación de los trabajadores, propietarios de los fondos de pensiones. En el caso que nos interesa, la realidad es la siguiente: el Estado dominicano aporta los terrenos, del CEA, colindante con la autopista de Samaná. Los recursos son los fondos de pensiones y el sector inmobiliario muy ligado al PLD desde 1996. Los actores, el proyecto, el lugar, tenemos los elementos para analizar un proyecto urbano que nace como un parto arriesgado.