La propuesta para modificar el reglamento 322-88 de la ley 311, sobre el uso de plaguicidas, no tiene nada que ver con medicamentos, ni con productos veterinarios, ni con ningún tipo de prohibición de productos.  Tal es el juicio del director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productor para la Protección de Cultivos (AFIPA).

 El ingeniero agrónomo Luis E. Pelletier dijo que  el interés de AFIPA  es aplicar los principios  establecidos en el código internacional  de conducta  para la distribución  y utilización de plaguicidas elaborado por la FAO, cuya enmienda fue aprobada en noviembre del 2002,  y con lo que establece  la Organización Mundial de Salud (OMS)  en relación  a los   plaguicidas y la sanidad de los cultivos.

Pelletier, quien emitió sus consideraciones en el programa Revista Agropecuaria, que se difunde por Color Visión, manifestó que el interés de ambos organismos internacionales es  determinar la equivalencia entre los plaguicidas,  para poder garantizar la salud de las personas, los animales y del medio ambiente.

 “La propuesta no tiene  nada que ver con medicamentos  ni con productos veterinarios ni ningún tipo de prohibición  de productos”, sostuvo Pelletier.

Asimismo apuntó que la propuesta para modificar el reglamento 322-88 de la ley 311,  se acordó  por consenso entre los  representantes de la Comisión Nacional de Plaguicidas y del Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura,  tras sostener más de  17 encuentros, los cuales se iniciaron en el año 2002 y se han mantenido hasta la fecha.

Dijo que en la serie de encuentros con autoridades  del área se llegó a la conclusión de adecuar la legislación a los nuevos tiempos y poner al país en condición de cumplir con los acuerdos establecidos  en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  y con el Código Internacional de Conducta de la  FAO.

Pelletier reiteró que  con la modificación planteada lo que se busca  es que las autoridades regulatorias cuenten con el instrumento y los recursos necesarios para   supervisar y fiscalizar el fiel cumplimiento de la ley 311, por parte de las empresas ligadas al negocio de los productos para la protección de cultivos.