La propuesta de sectores pro-gobiernistas de unir las elecciones municipales con las nacionales, como un señuelo de los que aspiran a gobernar despóticamente hasta el 2044, representaría un retroceso en la lucha por alcanzar una verdadera democracia.
Esa propuesta pretende ignorar el papel que juega el gobierno local en la sociedad, que corresponde a actos e intereses en gran parte diferentes de los que confluyen y determinan el gobierno de la nación.
Lo que procede es modificar en el próximo período la Constitución para que las elecciones municipales sean a medio término y no sufrir el arrastre que se produciría si se unen nuevamente, y si procede unirlas como excepción para el 2020.
Lo que sí deben reclamar las actuales y futuras autoridades municipales es el pago del 10% de las entradas regulares del gobierno como dice la Ley, para que no continúe el deterioro poblacional, material y cultural de los municipios de provincias.
A diferencia de los países federales o de grandes territorios, éste es un pequeño estado unitario, integrado cultural y étnicamente, donde no tiene razón de ser un verdadero gobierno intermedio, con atribuciones propias y elección popular, entre el gobierno central y los de los municipios, porque sería complicar y burocratizar nuestro sistema político.
El poder local ciudadano debe manifestarse en torno a dos procesos importantes: los municipios plenos, descentralizados, provistos de ayuntamientos autónomos fuertes, con recursos para que participen en la educación, la salud, las obras públicas urbanas y rurales, y otras actividades, para lo que deben recibir también impuestos de vocación municipal, como el inmobiliario y las licencias comerciales; pero fuertemente supervisados por los organismos fiscales del gobierno central y la ciudadanía organizada, para evitar la corrupción y los dispendios.
El gobierno central debe utilizar las Regiones, como órganos de desconcentración del gobierno central, para que realicen las obras y programas de interés general en cada una de las diez regiones del país, de acuerdo a sus características, así como las gobernaciones provinciales, como representantes del Presidente de la República, pero en estrecha coordinación y complementariedad con los ayuntamientos.
En los municipios debe darse también la desconcentración, con los distritos municipales, y en los grandes de Santo Domingo y Santiago por distritos metropolitanos no autónomos, para administrar sus grandes sectores, de acuerdo a sus características. Todas las ciudades con más de 25,000 habitantes deben tener Delegaciones, y aprobarse presupuestos participativos en un 50% de lo dedicado a la inversión pública.
Los actuales distritos municipales, que suman ya 235, hay que someterlos a una depuración. Una parte puede ser convertida en municipios plenos, y los otros, que no llenan todavía los condiciones económicas y sociales para ello, que se mantengan como tales, con una subvención solo para cubrir las necesidades de aseo, recreación y reparaciones, las mismas que reciben actualmente, manteniendo una representación en el Concejo Municipal madre.
Los ayuntamientos no deben incurrir en deudas que no puedan pagar en el período para el que fueron electas sus autoridades; a menos que las apruebe el Congreso Nacional, para evitar que dejen en quiebra a las próximas.
El gasto de elecciones primarias internas puede ser insignificante, tal como se hizo en el pasado y lo ha hecho el PRM con sus propios recursos.
¡No a ese retroceso histórico…!