La propuesta del presidente Abinader, sobre la necesidad de dedicar más tiempo a la discusión del Código Penal y buscar consenso es pertinente para el país y para su nuevo proyecto de gobierno. Con ella evita que a menos de tres semanas del final de su mandato se apruebe la peor de las versiones de ese código en sus 20 años de preparación, y elude iniciar su nuevo mandato y su plan de reformas bajo el signo de ese deshonroso fardo. La propuesta reenvía a otro contexto la discusión de un tema que se ha tornado interminable, pero que definitivamente hay que zanjar. No es tarea fácil porque en este tema, que es de orden público y de reconocimiento de derechos, se han introducido cuestiones de fe y de verdades absolutas propias de la esfera privada.

Su tiempo de discusión, ha casi coincidido con el inicio del presente milenio que, como todo inicio de milenio, tiende a creerse como el fin de los tiempos, de incertidumbres y miedos que mueven a aferrarse a abigarradas ideas/certidumbres “salvadoras” lo cual dificulta significativamente toda posibilidad de conocer objetivamente la complejidad del presente para enfrentar con cierta racionalidad los retos del futuro. El código se discute, pues en lo que algunos llaman la era de la incertidumbre, otros la califican como la del conspiracionismo que es más angustiosa y de mayor cantidad y profusión de mitos y falsedades. La discusión ha discurrido conforme se profundiza semejante contexto, tornándose más problemático su conocimiento.

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Como sabemos, los hechos, jalonados por la costumbre, son las principales fuentes del derecho. Esto quiere decir que toda ley procura regular o institucionalizar las prácticas sociales, teniendo como base la objetividad y el reconocimiento de la diversidad, al tiempo de procurar, al menos formalmente, no legislar para un grupo en particular sino para la pluralidad de actores y sujetos de la comunidad. En ese sentido, resulta un lastre que en la discusión sobre el Código Penal la cuestión de la fe haya sido sobredimensionada a tal punto que ha impedido que sea el peso de los hechos y de la objetividad los que determinen un consenso mínimamente democrático en torno al embarazo no deseado o inviable. Un punto clave de ese tipo conjunto de leyes en la sociedad moderna.

Este consenso debe estar sentado sobre bases objetivas que normen las practicas sociales, sin menoscabo del ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos. Por consiguiente, el respecto a la diversidad de opciones y opiniones individuales no puede estar condicionado por pretendidos absolutos en términos de fe o credo de ninguna índole. “La fe es la certeza absoluta de cosas no evidentes”, dice Enmanuele Severino, eso vale para opciones de carácter religioso como político. Desafortunadamente, en la discusión sobre el tema en cuestión, un sector religioso y social minoritario en nombre de SU fe pretende imponer sus posiciones a más de un 60% de la población que piensa de otra manera.

El carácter problemático de muchos embarazos ha sido zanjado en casi todos los países de este continente mediante una legislación que permite su libre práctica o mediante regulación responsable de casos excepcionales. Esto último lo que se quiere hacer con las tres causales. Para impedirlo, en nombre de la fe se ha recurrido a una afirmación de la que no se tiene evidencia objetiva sobre la que destacados pensadores católicos, como San Agustín y Santo Tomás, se han expresado de manera diferente: que la vida comienza desde la concepción. Esto nos lleva al concepto VIDA humana, pues una de las tres causales se refiere a salvar la VIDA de la madre cuanto esta está en riesgo. Se plantea la opción de la interrupción para salvarla, no la obligación para que lo haga sino su derecho al ejercicio de la libertad responsable.

Aún más, nos lleva a una pregunta/reflexión más cruda, pero igualmente moral, legal y socialmente inaceptable: ¿cómo justificar que, por atribuida herejía, en nombre de la fe con saña e insano placer de multitudes se lleve a un ser humano a la hoguera?, ¿no constituye eso la destrucción de una VIDA, con odio por demás, negando la idea del amor que para todo creyente es la idea de Dios? Tampoco es moral y políticamente aceptable que en nombre de un credo político se torture a un disidente del orden establecido, algunas veces hasta provocarle la muerte. Y es que las verdades absolutas no existen y por eso resulta problemático el establecimiento de una moral absoluta en el tratamiento de cualquier tema, máxime cuando de naturaleza penal o legislativa se trata

Por fortuna, todo apunta a que la propuesta de discusión y consenso planteada por el presidente será acogida. Si esta discurre en la perspectiva de que la ética y la moral no pueden ser absolutas, ni mucho menos impuestas, podríamos tener un Código Penal no sólo con apreciable consenso, sino de esencia cónsona con las reformas que el presidente quiere, lo contrario sería desconocer la diversidad y el libre albedrío, con la carga religiosa que este concepto tiene. Todo consenso requiere una negociación donde se respete la diversidad y quienes apoyamos las tres causales hemos hecho una avenencia. La posible, la razonable…