Cada vez que se presenta la oportunidad el Gobierno reitera que, una vez concluido, el próximo 15 de junio, el Plan de Regularización de Extranjeros, no habrá prórroga. Así lo hizo el presidente Danilo Medina al reunirse, en el marco de la celebración en Panamá de la VII Cumbre de las Américas, con el secretario general de la ONU Bam Ki-Moon, a quien explicó que un país pobre como el nuestro no está en condiciones de cargar también con la pobreza de sus vecinos, y ayer leímos en todos los periódicos las contundentes declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jose Ramón Fadul, reiterando la firme decisión del gobierno. Pero ocurre que en el marco de esa misma cumbre escuché al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, declarar en una entrevista que nadie espere que al día siguiente de cumplido el plazo fatal el gobierno estará expulsando, de manera automática, a los que no se acogieron al plan, pues se actuará con la prudencia y el respeto por los derechos humanos conque ha venido actuando el presidente Medina. Y como hace poco el director general de Migración, José Ricardo Taveras, confesó públicamente que esa dirección carece de recursos y logística para ejecutar un plan de repatriaciones a gran escala, si ese fuera el caso, las preguntas resultan inevitables. ¿Para qué fijar un plazo si una vez cumplido no podremos hacer valer las consecuencias de su incumplimiento aunque querramos? ¿Nos permitirá la comunidad internacional, que ya no disimula su interés en que asumamos la onerosa carga de la pobreza haitiana, que expulsemos a los no regularizados? ¿O las presiones vendrán de los empresarios, constructores y agroproductores dominicanos bajo el argumento de que se irán a la quiebra sin esa mano de obra? ¿Quién garantiza que la prudencia conque el gobierno ha prometido manejar la situación no se convertirá, en los hechos, en la prórroga tantas veces negada? Dejo esas preguntas en el aire, pero ojalá no se queden ahí.