SERGIO FORCADELL
Estos días atrás hemos leído en los diarios como a unas semanas de iniciado el nuevo gobierno ya han comenzado las luchas de poder por parte algunas agencia para lograr el control de la publicidad del Estado, privilegio este que suele otorgarse, según la costumbre, por el único y supuesto mérito de haber participado o contribuido durante las pasadas campañas, o por el simple hecho de estar en línea con la tendencia política del partido ganador.

Ahora es «su turno» de servirse con la cuchara grande, como dice la expresión popular, con el presupuesto publicitario oficial.

Puesto que el gobierno actual del doctor Leonel Fernández ha manifestado múltiples veces la intención de comenzar su mandato poniendo en orden y adecentando la República desde todos los ángulos posibles, entendemos que esta seria una gran oportunidad para transparentar todo lo que a inversiones en publicidad oficial pueda referirse.

El tema es más serio de lo que a primera vista parece y merece ser analizado a fondo ya que implica numerosos aspectos económicos y éticos. Como el cuánto dinero se va a invertir en anuncios, el para qué se hacen las campañas, y sobre todo, quién o quiénes se beneficiaran de esa publicidad. No se puede seguir pensando ni aceptando que, por una especie de tradición política, unos cuantos favorecidos tienen el derecho retener el monopolio de la publicidad estatal con el objetivo primario de salir ricos o muy ricos en un corto período de tiempo.

En primer lugar, es necesario que el ciudadano de a pie y lo integrantes de la industria publicitaria sepan de antemano y después de cada gestión, cuanto dinero se va dedicar o se dedicó para la publicidad oficial, ya que las asignaciones en ese capítulo alcanzan cifras muy considerables de cientos de millones de pesos anuales, en ocasiones mucho más altas que las otorgadas a algunas dependencias estatales que posiblemente tengan mayor importancia funcional para los ciudadanos.

Un claro ejemplo lo constituye el pasado año 2003. El gobierno de Hipólito Mejía destinó nada menos que 253 millones de pesos en publicidad, según consta en los monitoreos de Revista, lo que equivale más o menos a un 5% de la publicidad total realizada en el país en ese mismo período. Sorprenden, además, el destino de algunas de sus asignaciones, como los 59 millones para publicidad de la Presidencia de la República, 33 millones para la Junta Central Electoral y 21 millones para la Cámara de Diputados.

La mayoría de esas campañas han sido llevadas a cargo con un marcado interés político partidario. Contrastan las cifras millonarias anteriores, con los solo de tres mil quinientos pesos que utilizó el Consejo Nacional de Drogas, el cual posiblemente tenga mucho que decir y advertir a nuestros jóvenes de todas las clases sociales.

Recordamos también, como otro costoso botón de muestras, que en la pasada gestión del PLD, para publicitar los llamados diálogos nacionales se erogaron en sólo unas pocas semanas la impresionante cifra de ciento y un buen pico millones de pesos en anuncios colocados en todos los medios habidos y por haber. Un dinero socialmente muy necesario y totalmente perdido en aquella fracasada aventura política. Nadie fue cuestionado o responsabilizado por ello.

En segundo lugar, también sería bueno saber par a que se hace la publicidad. Los temas tienen que ser de verdadero interés nacional. ¿Vale la pena invertir tantos millones de pesos en slogans, no siempre afortunados, de los gobiernos de turno diciendo que si lo primeros es esto o aquello, que si es para allá o para acá que vamos? Un enorme gasto para que el siguiente mandatario lo borre de un plumazo desde que se instala en el poder ¿Es necesario decir que el gobierno, o tal o cual dependencia oficial, lo están haciendo muy bien, como en el caso del insistente Congreso, cuando la ciudadanía tiene a diario millares de constancias que sucede todo lo contrario.

Entendemos que hay muchos temas que merecen mayor divulgación y mejor presupuesto, como el Sida, las drogas, la vacunación, la corrupción estatal o privada, los viajes ilegales, el abandono escolar, la leche materna, el dengue, los derechos humanos, la inseguridad ciudadana, el pago de los impuestos, el conocimiento de la constitución, el tránsito, la cultura, el ahorro de energía, el respeto al medio ambiente, la protección de la fauna y flora, por solo citar alguna que otra docena.

El tercer punto es quién se beneficia de la publicidad, ¿el partido político de turno que sigue así haciendo campaña a su favor con los dineros de todos los contribuyentes?, ¿algunos amigos particulares de los presidentes o del los influyentes del partido a quien hay que devolverles favores pasados?, ¿alguna agencia afortunada por la lotería política?, ¿se usará la publicidad del gobierno para presionar de alguna manera los medios de comunicación o programas que son demasiado críticos?; ¿o servirán los anuncios oficiales para premiar algunos comunicadores que ponen a subasta el servicio de sus plumas?. todas ellas son prácticas cotidianas de los gobiernos que sólo desembocan en formas solapadas de corrupción horizontal o vertical.

Los publicistas sabemos muy bien que con cada gobierno aparecen  de la nada agencias fantasmas que crecen como hongos de la noche a la mañana. De políticos metidos a toda prisa a publicistas y de publicistas metidos con más prisa aun a políticos, que han quedado después de los períodos de gobierno como zares millonarios de por vida debido a un manejo más que dudoso y doloso de la publicidad oficial.

Lo correcto, si realmente se quiere componer el asunto, seria asignar toda la publicidad oficial, absolutamente toda, (no sólo la de la Junta Central Electoral) a través de concursos oficiales, organizados, trasparentes y serios, donde las agencias de publicidad reconocidas y colegiadas, como tales tuvieran su oportunidad de demostrar lo que pueden hacer al respecto y participar, con el legítimo derecho que otorga el saber hacerlo bien, de la publicidad del Estado, tal como sucede en otras sociedades donde poseen un fuerte desarrollo institucional y democrático.

Es hora de que los gobiernos recapaciten y dejen la mala práctica de utilizar la publicidad oficial como un recurso más del poder. La publicidad estatal debe manejarse con absoluta trasparencia y para beneficio de la colectividad. Mientras no se piense desde arriba de esta manera, mientras no se maneje con un criterio totalmente apolítico y profesional, estaremos abriendo un camino más a la corrupción como uno de los peores lastres de la democracia y el desarrollo en nuestro país.