BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
El nueve de marzo del año pasado, la embajadora de España en el país expresó a los medios de comunicación del Grupo Corripio –en el encuentro de los miércoles– una queja que años antes el entonces Presidente Hipólito Mejía había escuchado en Madrid: en la República Dominicana hay poca seguridad jurídica para la inversión extranjera.

La señora Almudena Mazarrasa fue clarísima en la ocasión y dijo que el irrespeto a las leyes, el incumplimiento de acuerdos y la corrupción son elementos que generan un clima desfavorable para la inversión extranjera en la República Dominicana. Sus planteamientos fueron matizados con estas palabras:

“Ustedes conocen bien que en este país se hacen leyes que luego no se respetan, no creo que en eso les esté enseñando nada nuevo…Si yo soy inversor y quiero invertir en un país, lógicamente me voy a un país en el cual el clima es más favorable a mi inversión, no donde yo tenga que estar luchando para que en un momento determinado una ley se cumpla, no donde yo tenga que estar luchando para que el contrato que yo he firmado se cumpla”.

Cinco meses después, la embajadora volvió a expresar sus quejas, esta vez ante los periodistas que cubren las informaciones del Palacio Nacional. La intensidad fue más o menos la misma: en el país no hay seguridad jurídica para la inversión extranjera. Y luego señaló cosas muy concretas: falta de reglas claras, complicidad, corrupción e incumplimiento de la ley. La diplomática también habló en la oportunidad del sector inmobiliario, donde dijo que hay terrenos que se venden dos y tres veces.

Ahora, la señora embajadora ha vuelto con sus observaciones críticas y ha hablado, de nuevo, de problemas de seguridad jurídica, de seguridad pública y de corrupción, ya reiterado que estas son cuestiones que afectan la inversión extranjera.

En las dos primeras ocasiones cuando la señora Mazarrasa manifestó públicamente sus quejas e intervino a favor de la inversión extranjera, de manera indirecta, la Cancillería de la República dejó sentir su malestar. La primera vez dijo que la diplomática ibérica no había utilizado los canales adecuados, y en la segunda oportunidad presentó una nota formal de protesta ante la Secretaría de Relaciones Exterior de España.

Ahora no sabemos lo que sucederá, pero posiblemente el Canciller Carlos Morales haga saber a la opinión pública su inconformidad y la de su gobierno por la reiteración hecha por la señora Mazarrasa. Pero este es un caso que llama la atención y que probablemente nos diga cómo suele actuar la diplomacia dominicana. Lo ordinario, lo rutinario, lo frecuente es que nos quedemos en la formalidad de los hechos, en cómo se hicieron las denuncias, y nunca pasemos a la sustancia de los mismos y nos detengamos a ver si la diplomática ofende de manera gratuita al país o si está expresando unas circunstancias reales.

El gobierno dominicano y la Cancillería deben tomar en cuenta que quien habla, quien se queja y quien reitera su reclamo es la embajadora de la nación cuyos ciudadanos tienen grandes inversiones en el país, quizás las mayores, y dominan el estratégico y rentable sector turístico.

El gobierno dominicano y la Cancillería deben tener en cuenta que unas quejas reiteradas a lo largo de un año indican que las mismas no se han resuelto, que los problemas y los obstáculos persisten, que hay ciudadanos españoles que son inversionistas que están siendo afectados por dificultades de seguridad jurídica, por incumplimiento de la ley y por corrupción.

Si esto es así, ¿por qué entonces el gobierno dominicano y la Cancillería no investigan esta situación, por qué no piden informaciones específicas a la embajadora Mazarrasa, por qué no indagan en el sector turístico, en el sector inmobiliario?
bavegado@yahoo.com