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La Federación Dominicana de Comerciantes tiene quejas por la forma en que el Gobierno maneja sus relaciones de intercambio con los suplidores. El presidente de esa entidad, Iván de Jesús García, se refirió a morosidad en el pago, cobro del Itebis sobre ventas a crédito y descuento de un 5% a la hora de recibir el pago. Los comerciantes no han sido los únicos que se han quejado de la relación de intercambio con el Gobierno. Hace poco se pronunciaron sobre el particular productores agrícolas y agropecuarios que le venden al Gobierno.
La tardanza en el pago a suplidores provoca inconvenientes de orden financiero y los descuentos sobre facturas pagadas a largo término no tienen razón de ser. En el caso de los comerciantes ocasiona dificultades a la hora de reponer inventarios y en cuanto a los productores, les dificulta cubrir sus obligaciones de financiación y el pago de servicios contratados en las fincas. También ha habido este tipo de problema con generadores y distribuidores de electricidad, con efectos desastrosos para la economía y el medio ambiente. El Gobierno debería esforzarse por saldar a tiempo sus acreencias y revisar descuentos que se hacen en pago sobre facturas de crédito. La dinámica de la economía y la producción requieren de mayor celeridad y una relación de intercambio más ágil. Es la mejor manera de evitar perjudicar a productores y suplidores.
Medicamentos adulterados
El comercio ilícito de medicamentos adulterados ha crecido, según afirma el señor Rafael Tavárez, presidente de la Unión de Farmacias. Esta es una vieja denuncia, que apuntala otras de sectores afines a la producción de medicamentos y representación local de marcas de fármacos. Sería interesante que las autoridades sanitarias y el sector farmacéutico unan sus esfuerzos para contrarrestar este tráfico, cotejando los datos y evidencias a la mano para articular los planes necesarios.
La venta de medicamentos adulterados pone en riesgo la salud de mucha gente que adquiere fármacos para tratar sus dolencias y constituye una práctica de competencia desleal que perjudica a la industria farmacéutica local y las marcas legalmente registradas y representadas. Debe haber una vigilancia sistemática de las autoridades sobre el mercado de los fármacos, cuyos representantes deben aportar cuantos datos posean sobre el particular.
