Nuestro país, bajo el régimen peledeísta de las “Altas Cortes”, vive rompiendo sus propios “récords” en cuanto a la violación de las más elementales normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Así, todavía el mundo no sale de su sorpresa e indignación ante la malhadada sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que decretó la desnacionalización de miles de hijos de extranjeros de hasta 84 años de edad, que habían obtenido el derecho a la ciudadanía en virtud de constituciones anteriores en las que predominaba el “jus-soli”, cuando se presenta un pseudo-conflicto entre una decisión de la JCE de agosto del 2009, y la voluntad del presidente del PRD de permanecer con el control de ese partido, habiendo cumplido ya su mandato estatutario.

Ahora resulta que el Ing. Miguel Vargas Maldonado, a quien posesioné como Presidente del PRD en el auditorio de San Soucí en mi calidad de Presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la XXIX Convención del PRD, el 19 de julio del 2009, y quien inmediatamente, ante miles de perredeístas, la utilizó para hacer aprobar 13 resoluciones, entre éstas pedir mi sustitución y la reapertura de las postulaciones para otros cargos, dice que no tomó posesión sino siete meses después en Santiago, en febrero del 2010, porque quiere seguir secuestrando al PRD sin mandato popular.

Voy más lejos, el mismo profesional que actualmente preside el Tribunal Superior Electoral apoderado del caso, fue precisamente quien dirigía la Cámara Contenciosa de la JCE, organismo que ejercía esas funciones jurisdiccionales, la que adoptó en agosto del 2009 la decisión de considerar buena y válida su proclamación; un hecho jurídico-político que se produjo a la vista de todos, reseñado ampliamente por la prensa y registrado en los archivos de la JCE. Esta situación escandalosa pone en ridículo a nuestras instituciones y el cacareado estado de derecho en la República Dominicana, así como evidenció el secuestro de sus instituciones democráticas, con la colaboración de los alfiles y caballos del ajedrez dominicano que participan dócilmente en esta parodia democrática.

La soberanía de los partidos no la define su presidencia, sino toda su militancia, y figuran también el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y el Presidium, que son organismos colegiados estatutarios superiores a éste, los que no se pueden convocar clandestinamente dejando fuera a quienes se le antoje el grupo secuestrario del PRD.

Un partido no es una gallina que se puede meter en un corral para utilizarla a conveniencia del que la retiene, sino la expresión viva de la sociedad, que una “Alta Corte” o una organización contraria no la puede manejar sin provocar graves distorsiones sociales.

Tras 15 años por aprobar una Ley de Partidos Políticos y sin una Ley Orgánica Electoral; en donde la JCE hace todo lo que cree necesario para conservar el poder del PLD, estamos a la vuelta de que una crisis arrase con lo poco que hemos alcanzado en 65 de lucha por la democracia.