POR FERNANDO QUIROZ
El economista del Banco Mundial, Omar Arias, coordinador del informe sobre la pobreza en la República Dominicana, consideró que en el país existe un problema serio en términos de la institucionalidad de la asistencia social, caracterizado por incoherencia, repetición y fragmentación.

Dijo que se desconoce cómo se gasta el dinero y su impacto, por lo que se hace necesario que el Estado rinda cuentas a la población. Planteó que la preocupación debe ser por resultados y no aumentar el gasto sin saber cómo se va a usar.

“Lo que tenemos en el país es que de nuevo tenemos recursos, pero no lo estamos gastando bien, y en muchos casos las asignaciones de recursos entre sectores no reflejan las prioridades que deberían tener”, dijo.

Arias, dominicano residente en Washington, economista senior de la Unidad de Pobreza y Género  del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, fue entrevistado por Orlando Jorge Mera en su programa Líderes que produce por  Color Visión, canal 9.

A corto plazo, expresó, se necesita ofrecer algún tipo de apoyo al nivel de consumo de los pobres. Sostuvo que lo que se gasta en asistencia social en el país, en instituciones como los comedores económicos y el INESPRE, es más que lo que se destina a educación.

Entiende que la experiencia internacional ha demostrado que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para reducir la pobreza dura.

Es indispensable, dijo, la aplicación de políticas eficaces para combatir la desigualdad, como en la educación. Insistió en que el porcentaje de fondos  provenientes del Presupuesto Nacional que se invierte en educación alcanza la proporción más baja de América Latina.

La desigualdad se combate, indicó, construyendo obras, como carreteras, en comunidades marginadas, que contribuyan al desarrollo y faciliten el transporte de la producción.

Ve como una ventana de oportunidades para el  país su estabilidad y cimiento fuerte de crecimiento para atacar las causas estructurales de la desigualdad y poder tener una sociedad más justa, que compita internacionalmente con mayores niveles de desarrollo.

Para poder salvar la situación de que haya crecimiento pero que se refleje en mejoras sostenidas en los niveles de riquezas de toda la población, no sólo de un sector, cree el Estado debe cumplir su rol de redistribución.

Señaló que esa redistribución no sólo debe ser transfiriendo recursos, sino también invirtiendo en crear la igualdad de oportunidades para que la gente pobre pueda participar en el crecimiento económico.

El círculo vicioso que se presenta en el ámbito de América Latina es que la pobreza y la desigualdad pueden constituirse en un obstáculo para el crecimiento. “Si no hay crecimiento no hay condiciones para redistribuir y reducir la pobreza”, precisó.

SUBSIDIOS

Lo que se destina para cubrir los subsidios al gas propano y a la energía eléctrica constituye más de dos terceras partes  de que lo que se gasta en salud y educación combinado.

Esos subsidios mayoritariamente son capturados por las familias de mayores recursos. Casi el 40% del subsidio al gas es capturado por el 20% de las familias más ricas.

Las familias muy pobres, indicó, no tienen ni estufas. En términos relativos, agregó, es más lo que se consume con una yipeta que opera con gas,  que lo que puede consumir una familia pobre en una pequeña estufa.

“Entonces, tratando de ayudar a las familias más pobres, terminamos enviando recursos a las familias que realmente no lo necesitan”, manifestó.

No se trata, aclaró, de eliminar los subsidios, sino racionalizarlos para que lo reciban quienes verdaderamente lo necesitan.

Dijo que el país cuenta la herramienta del sistema de identificación de beneficiarios sociales que está siendo manejado por el gabinete social, que permite establecer con nombres y apellidos quiénes verdaderamente son las personas más necesitadas, y de esa manera el Estado puede hacer llegar los subsidios.

EDUCACIÓN

Algo que falta mucho en el país es lo de tener una política para apoyar la innovación tecnológica. La productividad es sinónimo de hacer las cosas mejor, usando mejores tecnologías. “Es muy difícil lograr eso cuando tenemos una fuerza laboral con los niveles educativos que se tiene”,

Observa un problema grave de hacinamiento en las escuelas, pues el país tiene la relación entre el número de estudiantes por cada profesor es la más alta de América Latina, con hasta 70 estudiantes por aula. Se necesita, indicó, construir más escuelas y enfrentar problemas de calidad como la formación de docentes.

A jóvenes que salen de las escuelas se necesita darle mínima preparación para que puedan insertarse al mercado de trabajo, aunque Arias dijo que la experiencia internacional muestra que esos programas tienen un impacto limitado.

Hay que asegurarse que los niños terminen el bachillerato. Un dato impactante en materia de educación, resaltó, es que aún niños que logran terminar el bachillerato, no sólo los pobres, tiene que estar en la escuela, en promedio, tres años y medio más de lo que necesita.

“O sea, que cuando termina el bachillerato ha pasado en la escuela casi 16 años. Eso está reflejando un problema de repitencia, deserción”, agregó.

Los niños están casi en un 100% en las escuelas, pero no están en el grado que deberían  estar. Quizás, dijo, hay una voluntad y el sistema le está fallando  a los niños.

También existe un desfase, pues de acuerdo a investigaciones que se han hecho, un niño que se gradúe de bachiller su nivel de conocimiento corresponde a una educación media, lo que hace difícil la competitividad.

Se necesita garantizar que los niños dominicanos que terminan la secundaria tengan competencias básicas en matemáticas y ciencias porque a partir de ahí se les puede dar entrenamiento en sectores y áreas específicas.

CRIMEN

Dijo que internacionalmente se sabe que la desigualdad está vinculada con el aumento del crimen. La situación que se ha visto en el país es una señal de alarma, dijo.

“Es decir, no podemos contentarnos con tener estadísticas a nivel macroeconómico que lucen muy bonitas,  y que realmente están moviéndose en la dirección correcta, pero tenemos que ponerle atención a esa señales de alarma que están diciéndonos: Hay sectores que realmente históricamente han permanecido excluidos de esos procesos de generación de riquezas”, expresó.

REFORMAS FISCALES

En el país se han producido cuatro reformas fiscales en los últimos cinco años.

Arias dijo que cuando esas iniciativas se han dado han sido, por ejemplo, para compensar pérdidas esperadas por la entrada en vigencia del tratado de libre comercio o eliminar un impuesto determinado.

No hay ningún  país en el mundo que se haya desarrollado sin que al mismo tiempo aumente la base imponible. “En el país existen serias deficiencias de nuevo en términos de las políticas fiscales”, opinó.

Cree que existe el problema de exenciones que benefician a las familias más ricas.

“Nadie quiere pagar impuestos si a cambio no le devuelven nada. El problema en el país es que tenemos un contrato social implícito donde nadie quiere pagar porque el Estado no da a cambio”, indicó.

En el caso del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITEBIS), que se intentó reformar, pero quedaron corto. Estiman que el 60% de lo que el Estado dejaba de percibir por exenciones en el ITEBIS se quedaba capturado por el 20% más rico.

ELECTRICIDAD

El problema de la electricidad en el país es la falta de pago de la tarifa. “No es que son los pobres los que no pagan, se sabe bien que hay un problema de falta de cobro aún de sectores que realmente pueden pagar. Hay una cultura de no pago, y es muy difícil que el sector sea financieramente sostenible”.

Tiene que haber, señaló, una política agresiva para la tasa de cobro aumente, y esa es una de las condiciones que el Banco Mundial ha puesto en algunos de sus préstamos. Se necesita voluntad, añadió.